Un informe elaborado por el INECIP detalla que la utilización de la prisión preventiva en Argentina es “desmedida” y casi 6 de cada 10 personas que se encuentran presas en nuestro país lo están bajo este instituto. Buenos Aires representa “un poco más de la mitad de los presos preventivos de todo el país” y sólo dos provincias lo aplican de forma excepcional. Los detalles.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) realizó un informe en el que detalla el estado actual de la prisión preventiva en nuestro país. Entre otros datos, consignó que casi 6 de cada 10 personas que se encuentran en las cárceles argentinas no poseen condena y se encuentran bajo este instituto.
El informe, al que tuvo acceso DiarioJudicial.com, fue presentado el pasado jueves en el salón “Guillermo Díaz Lestrem” de la Defensoría General de la Nación y fue dirigido por Diego García Yomha, consigna que “en un porcentaje de 59,50% a 40,50%” se “demuestra la utilización desmedida de este instituto”.
En la investigación se realizó un relevamiento normativo, jurisprudencial y estadístico a nivel nacional; un análisis de casos que incluye entrevistas a autoridades y a personas privadas de libertad; un relevamiento de medidas alternativas a la prisión preventiva y un análisis de medios de comunicación de tirada nacional, con el objetivo de analizar tanto el estado actual del instituto y realizar recomendaciones.
Los datos más significativos detallan, además de esta utilización a nivel nacional desmedida del instituto, que Buenos Aires Está “el número más importante” de presos en esta condición y “representa un poco más de la mitad de los presos preventivos de todo el país”. Los datos de la provincia marcan que el 76 por ciento de los presos no poseen condena.
Lo que para el INECIP “evidencia que según las estadísticas, en Argentina los presos sin condena son el número principal de detenidos lo que conlleva a la necesidad de plantear políticas a nivel nacional para reducir su uso”. Asimismo se detalla que sólo dos provincias aplican el instituto de la prisión preventiva de manera excepcional, esto es, Entre Ríos y Chubut, lo que “resulta inaceptable”.
Otro punto interesante del trabajo es el análisis de los medios de comunicación ya que el informe indagó sobre la manera en que se transmiten las decisiones relativas a la imposición de la prisión preventiva o la concesión de una excarcelación. Explican que se debería “informar que la prisión preventiva debe operar como excepción, limitada en el tiempo y con fines de evitar el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”.
También “debe quedar en claro que la aplicación del encierro procesal no se traduce en justicia o impunidad y que existe un derecho a estar en libertad durante el proceso independientemente del tipo de delito imputado” y tener en cuenta que “bajo estos lineamientos es importante dar a conocer que la libertad de la persona sujeta a proceso no significa su desvinculación con la causa penal”.
“Cuando nos enfrentemos a un caso de repercusión pública, el eje de la información, ¿residirá en el avance del caso y/o en la situación procesal del imputado? Hoy pareciera que los medios ponen, en la mayoría de los casos, un énfasis especial en este último aspecto”, detalla el informe.
Asimismo, a partir de los resultados obtenidos el informe plantea recomendaciones para modificar las normas procesales y una propuesta de diseño de las Oficinas de Medios Sustitutivos y Alternativos (OMAS).