Un juez civil de Río Negro afrontará un pedido de juicio político a través del Consejo de la Magistratura provincial. Es la primera vez que se presenta un expediente así ante el órgano por una causa en la que se investiga el accionar del magistrado en un remate.
El Consejo de la Magistratura rionegrino ha tramitado diversos casos de acusaciones a magistrados de distintos fueros, aunque en su mayoría se trató del penal. Sin ir más lejos, en marzo de este año se desestimó la denuncia contra Pablo Iribarren, quien estuvo a cargo de la investigación por el triple crimen de Cipolletti.
Pero nunca había llegado hasta el órgano de la administración de Justicia un expediente que apuntara contra un juez civil. Hasta ahora. Es que Alejandro Cabral y Vedia, titular del Juzgado Civil 1 de Cipolletti, fue denunciado por presunto mal desempeño de sus funciones por un empresario de la provincia.
En los autos "Cocci, Cayetano s/denuncia (Expediente 416-06-CM)", los elementos del expediente serán tenidos en consideración durante la sesión de este viernes del Consejo rionegrino.
Todo comenzó con una denuncia de Cocci, cuando en 2004 adquirió un frigorífico en la localidad de Campo Grande a través de una subasta judicial suscitada a raíz de un proceso laboral. Una vez que hubo realizado la transacción, el juez Cabral y Vedia, que estaba encargado de ello, dilató, según la versión del denunciante, la entrega del inmueble.
De esta forma, y mientras esperaba que se realizara toda la transferencia, no hubo una custodia policial en el lugar, por lo que el lugar sufrió numerosos robos y desguaces que lo dejaron sin el valor agregado que brindaban los elementos con los que contaban. Pero lo peor sucedió meses después de la subasta, cuando, finalmente, el edificio fue prendido fuego.
Todo esto causó grandes pérdidas económicas al empresario que ya había realizado el pago de la subasta y nunca pudo hacer usufructo del frigorífico.
En tanto, el trámite ante el Consejo también cuenta con dos dictámenes que sugieren la formulación de cargos. Las iniciativas partieron desde la Auditoría del Poder Judicial, uno firmado por el integrante del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Oscar Massei, y otro por el juez Gustavo Martínez.
La causa estuvo archivada durante mucho tiempo de parte del pleno del Consejo, por eso lo que se tratará es su procedencia o no, de acorde a un reclamo formulado por los abogados de Cocci en este respecto.