La Justicia no es "ratona"

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal admitió el recurso de apelación de un oficial de la Policía Federal y, en consecuencia, hizo lugar al reclamo del agente de ser indemnizado por dos infortunios laborales: una lumbalgia, ocurrida mientras reparaba un móvil, y una infección, a causa de la mordedura de un roedor. La sentencia de grado fue dejada sin efecto y el resarcimiento se fijó en casi cincuenta mil pesos.

El Tribunal de Apelaciones afirmó: “no hay dudas de que ambos episodios existieron, que generaron lesiones al actor y que fueron encuadradas como ocurridas en servicio”, además, “la Policía Federal debe responder con arreglo a las disposiciones del derecho común ya que, como quedó expuesto, la Ley 21.965 no prevé ningún resarcimiento para las hipótesis sub examine”.

La decisión contó con el voto de los magistrados Graciela Medina y Ricardo Recondo, quienes afirmaron que “el accidente sufrido en el ámbito laboral y en el curso del desempeño de las funciones propias o con motivo de ellas, implica infracción al deber de seguridad que incumbe al principal respecto de sus dependientes”.

En el caso, un oficial de la Policía Federal interpuso una acción civil por infortunio laboral contra dicha institución para obtener un resarcimiento por dos episodios que le causaron problemas de salud. El hombre reclamó más de doscientos mil pesos.

De modo puntual, el actor indicó que, mientras conducía un móvil de la Policía Federal, el auto sufrió un desperfecto, por lo que él descendió del coche para intentar repararlo. En el marco de esa maniobra, el oficial sufrió un fuerte dolor en la espalda que, según exámenes médicos, consistió en una lesión del tercero al séptimo disco de la columna cervical.

Luego, el mismo año, el oficial nuevamente tuvo un problema con su móvil y tuvo que revisar el coche. Al hacerlo, lo mordió un ratón. El demandante sostuvo que tal episodio derivó en un padecimiento permanente en la mano, con pérdida de movilidad.

Por su parte, la Policía Federal aseveró que el demandante se recuperó tras el primer incidente y manifestó que el problema en su mano no era fruto de la mordedura de un ratón sino de otra patología. Las defensas fueron acogidas por el juez de grado, y la acción por daños fue rechazada. Entonces, el actor apeló el pronunciamiento.

Primero, la Cámara señaló que “la propia institución policial ha reconocido la existencia de ambos episodios como consecuencia de los cuales el actor sufrió lesiones, calificadas como producidas en servicio”. Además, indicó que las pruebas demuestran que por el primer episodio, al oficial, “se le diagnosticó lumbalgia post esfuerzo, con un período de recuperación de 10 días”, y por el segundo, “se le diagnosticó mordedura de roedor, con un período de recuperación de 10 días”.

Acto seguido, el Tribunal de Apelaciones señaló que era “inatendible, el argumento del sometimiento voluntario al régimen legal específico, pues tales normas no establecen que la incorporación del agente al cuerpo de la institución implique la renuncia al ser resarcido en la hipótesis descripta”.

“La propia institución policial, en oportunidad de contestar la demanda, expone que la calificación en servicio se debe justamente a que las lesiones sufridas por el oficial no fueron consecuencia directa e inmediata del ejercicio de funciones policiales”, “sino que puede sufrirlas cualquier persona que intente realizar una acción similar a la concretada por el actor en circunstancias análogas”, precisaron los magistrados federales.

Entre tanto, una vez admitida la procedencia del reclamo indemnizatorio, la Justicia de Alzada fijó el resarcimiento en casi cincuenta mil pesos: 28.000 pesos por incapacidad sobreviniente, 15.000 pesos por daño moral, 5.200 pesos por tratamiento psicológico y 1.500 pesos por pérdida de chance.

En consecuencia, la Cámara Civil y Comercial dejó sin efecto la sentencia de primera instancia, admitió el recurso de apelación del oficial, e hizo lugar a la acción resarcitoria por los daños derivados de dos infortunios laborales. La Policía Federal fue condenada al pago de casi cincuenta mil pesos.