El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Manuel Urriza, dialogó con Diario Judicial sobre diversos temas. En particular, destacó la importancia de la creación de un Instituto de Altos Estudios Judiciales Iberoamericanos y las ventajas del actual sistema de concursos, al que calificó como “un paso muy importante”, pese a reconocer que “puede haber deficiencias, muchas veces humanas”. El docente de la Universidad Nacional de La Plata también afirmó que el objetivo del Consejo es "seleccionar magistrados involucrados con la realidad”. Además, abordó cuestiones tales como el convenio con Infojus, la enseñanza universitaria y el proyecto de reforma del Código Civil.
En la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en abril en Buenos Aires, se trataron diversos temas relativos a la administración de Justicia. ¿Cuáles fueron los principales?
Personalmente, de entre los temas que se trataron, destacaría el análisis sobre la calidad de la Administración de Justicia y la discusión sobre el rol de las víctimas en los procesos penales. En este último caso, a partir de una tesis de la delegación de Uruguay -que comparto-, se enfatizó en la necesidad de que las víctimas, en los procesos penales, tengan un rol activo como partes. Otro tema muy importante fue el relativo a la publicidad de las decisiones judiciales. Muchas veces, las decisiones judiciales se dictan en un lenguaje muy técnico que la opinión general no tiene porqué conocer y, a veces, no puede interpretar lo que el juez ha querido decir. Además, a veces, se distorsiona la opinión del magistrado por los problemas para interpretar su lenguaje excesivamente técnico. Por otra parte, entre los temas que a mí me interesan como docente, estuvo el de la iniciativa para la creación de un Instituto de Altos Estudios Judiciales, asunto por el cual viajaré a Venezuela próximamente. La idea es crear una especie de nivel académico superior o de posgrado, si bien existen las escuelas judiciales en casi todos los países –en el nuestro también- y de buena calidad. Se trata, en definitiva, de generar una especie de posgrado en asuntos judiciales que sirva, también, para incentivar la calidad de la enseñanza de los temas judiciales y para tratar de, no uniformar, pero sí armonizar los criterios judiciales de América Latina y España, país que también participa en este proyecto.
¿Cuál es la trascendencia y el impacto de la realización de una Cumbre Judicial que nuclee a miembros de los poderes judiciales y consejos de la magistratura de Iberoamérica?
Estimo que es muy importante la realización de este tipo de encuentro pues, así como se está tratando de concretar la integración cultural e incluso política de América Latina -ya que hemos funcionado demasiado tiempo como partes estancas-, creo que en materia judicial utilizar un lenguaje más o menos armonizado, conceptos que tengan el mismo valor de interpretación en un país que en otro, en una sociedad que en otra, es fundamental. Hoy tenemos conceptos que tienen un significado diverso en un país y en otro. Este tipo de encuentro contribuye a la armonización de la expresión jurídica iberoamericana.
¿Cuál es el perfil de juez que hoy busca el Consejo de la Magistratura de la Nación?
En esto pueden primar opiniones individuales. De todos modos, en general, creo que el objetivo es lograr un tipo de juez que esté muy involucrado con la realidad para la cual dicta sentencias. El derecho no siempre ha ido armonizado con la realidad, ni en América Latina, ni en el resto del mundo. Los teóricos discuten al respecto, y la síntesis que a la que se suelen llegar es que el derecho, normalmente, caminar dos pasos detrás de la realidad, lo que en algunos casos es bueno. Pero no siempre es así, porque el derecho también tiene un rol de modificador de la realidad social. Estas situaciones se dan conforme las características de cada sociedad y de acuerdo a cada momento histórico.
¿Cuáles son las principales ventajas del sistema de concursos para la selección de magistrados?
El sistema de concursos ya de por sí tiene un mérito, desde que se comenzó a aplicar a partir de la reforma constitucional de 1994, aún con las deficiencias que pudiera tener, pues el Poder Ejecutivo dejó de designar directamente a los jueces, y se comenzó a aplicar un sistema que contiene exámenes escritos, la presentación de antecedentes, y entrevistas a los postulantes para medir lo mejor posible, o humanamente posible, sus capacidades en cada caso. Pasar de un sistema en el que el Poder Ejecutivo designaba directamente a los jueces a uno en el que se seleccionan los jueces a través de exámenes me parece que es un paso muy importante. Es cierto que los sistemas de exámenes también tienen deficiencias, pero cuando están elaborados para tratar de conseguir resultados más prístinos, más amplios, es bueno. Siempre los exámenes son selectivos. Puede haber deficiencias, muchas veces humanas. Los jurados no son perfectos. Se los sortea para que sean más imparciales sus decisiones. Pero, todos son seres humanos, los postulantes y los jurados.
¿Qué aspectos del sistema de concursos para la selección de magistrados deberían mejorarse?
Creo que el sistema de concursos actual es una contribución para la Administración de Justicia. El sistema tiene varias etapas. En primer lugar, la presentación de antecedentes de cada postulante, su currículum vitae. El segundo paso, en nuestro país, es un examen escrito. Además, a partir del año pasado –la anterior gestión del Consejo- incorporó un examen oral, individual y público, que también colabora para que haya un proceso más prístino. Después de ambos exámenes, están las entrevistas personalizadas, a cargo de los consejeros o de los jurados con los postulantes, que están pautadas para cada concurso. Se ha criticado que este sistema de selección alarga los concursos. Es cierto, hay un costo de tiempo. Los concursos que antes se desarrollaban en un año, año y medio, ahora pasan a dos años con el agregado del examen oral. Pero hay quienes consideran que vale la pena que se alarguen en el tiempo en favor de lo prístino del resultado.
¿Qué ventajas reporta para los magistrados el acuerdo celebrado con Infojus?
Sobre el tema existieron algunos criterios, no compartidos por todos, que tomaron en consideración el hecho de que las publicaciones de editoriales privadas solían carecer de la suficiente pluralidad de enfoques ideológicos y se centraban en determinadas corrientes jurídicas, en determinados autores, y dejaban de lado otros, en función de las interpretaciones del Derecho que esa editorial tuviera. Tales publicaciones, por más que fueran de muy buena calidad, eran un tanto sectareas. Creemos que con este sistema se puede corregir esto. Además, el convenio no implica dejar totalmente de lado a las editoriales privadas, las cuales podrán funcionar también.
¿Cree que la oferta de capacitación que existe hoy a disposición de los jueces es adecuada?
Hay que distinguir la formación que se da en las universidades, porque las universidades forman a los abogados y no a los magistrados. Esta formación de los abogados es, por supuesto, la materia prima de los futuros magistrados. En tal sentido, la formación de las facultades de Derecho de la Argentina es buena. Hay variaciones, pero en general, hay universidades muy prestigiosas con facultades de Derecho de muy alto nivel. Sin embargo, surgió la necesidad de crear escuelas judiciales, necesidad que yo comparto totalmente. En las escuelas judiciales, como la que tenemos nosotros en nuestro Consejo, se intenta formar magistrados. Es decir, a la formación del abogado que brindan las universidades nacionales se le agrega una especialidad que es la formación del magistrado. La formación del abogado no es suficiente para lograr la figura del magistrado, que requiere de otras cualidades.
¿Qué balance haría respecto del funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación desde su consagración en la Constitución Nacional en 1994?
Más allá de las deficiencias que pueda tener el actual sistema de selección, es un avance muy grande que, de no tener un sistema de selección, se haya pasado a contar con un sistema de concursos basado en exámenes.
En su calidad de docente, ¿considera que los futuros abogados reciben una formación adecuada en la universidad?
En realidad, depende de la universidad. En algunos casos, sería más deseable que el joven que se está formando como abogado tenga un contacto más directo con la realidad de la sociedad de la que forma parte. Pues el Derecho, en mi concepción, tiene una relación inescindible con la sociedad. El espacio jurídico y el espacio social, siguiendo a Bourdieu, son inescindibles. En Argentina, en ese sentido, estamos viviendo una situación de cambio de las normas jurídicas muy importante, a través del impulso que están dando el Estado Nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un intento muy importante para que las normas jurídicas estén un poco más actualizadas respecto de la sociedad que van a regular. La Presidenta de la Nación y el Presidente de la Corte han señalado, y yo lo comparto, que tenemos normas jurídicas del siglo XIX con una realidad social del siglo XXI.
En otros países, los abogados recién graduados realizan exámenes únicos y/o periódicos para poder ejercer la profesión. ¿Qué opina de este sistema? ¿Sería necesario o viable en la Argentina?
Estimo que las universidades, al menos en las que actúo y he actuado y las que conozco, brindan una formación suficiente, apta para que el abogado salga a litigar como tal, como defensor de partes privadas.
En su calidad de especialista en sociología jurídica, ¿qué papel considera que cumple el Derecho en la vida de los argentinos?
El papel del Derecho es fundamental. Estimo que la simbiosis entre el Derecho y la realidad social es esencial. Por eso considero muy positivo que en la sociedad argentina haya preocupación por modificar las reglas para adecuarlas mejor a los contenidos culturales que la sociedad argentina ha ido modificado con el andar del tiempo. Esto ocurre en todas las sociedades.
¿Qué opina del proyecto de reforma de los Códigos Civil y Comercial?
Como en toda postulación profunda, –como las que contiene el derecho civil, y comercial incluso-, creo que algunos de los cambios que tenemos en marcha pueden ser opinables y que es bueno que haya discusiones acerca del contenido ideológico que puedan tener tales reformas. Es que, como señalé, son postulaciones muy profundas, sobre el matrimonio, la familia, etc. En buena hora que haya disidencias. En definitiva, lo decidirán los legisladores que son quienes, en última instancia, harán las modificaciones legislativas. De todos modos, esas disidencias que puede haber, de tipo ideológico, también contribuyen a la madurez y al desarrollo cultural de la sociedad.