La Procuración General instruyó a los fiscales federales de todo el país para que tomen recaudos para evitar la fuga de imputados con detención domiciliaria. Los fiscales deberán asegurarse que exista “una debida comunicación” con las autoridades competentes en materia migratoria.
El procurador General interino, Luis González Warcalde, instruyó a los fiscales federales de todo el país para que en los procesos penales en los que existan imputados bajo detención domiciliaria, cualquiera sea la instancia por la que transiten, se aseguren de que exista una debida comunicación a las autoridades competentes en materia migratoria.
La instrucción apunta principalmente a las causas por delitos de lesa humanidad, ya que la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, informó la prisión preventiva bajo la modalidad de detención domiciliaria, “presenta ciertas dificultades en orden a evitar la fuga de los imputados o el entorpecimiento de las investigaciones”.
Es que la Unidad Fiscal de Coordinación consignó que “a raíz de la fuga de algunas personas que se encontraban bajo arresto domiciliario se pudo observar que en muchos casos la autoridad migratoria nacional no había sido notificada de las detenciones domiciliarias dispuestas”.
Ante esta situación la Unidad Fiscal consideró que “a afectos de evitar que la persona sometida a detención domiciliaria salga del territorio nacional” marcó como necesario que los fiscales cuiden una debida comunicación a las autoridades competentes.
Por ello, González Warcalde, instruyó a los fiscales federales a que “en los procesos penales en los que existan imputados bajo detención domiciliaria, cualquiera sea la instancia por la que transiten, se aseguren de que exista –por parte del tribunal interviniente o por parte de la propia fiscalía- una debida comunicación a las autoridades competentes en materia migratoria de que se ha dispuesto una detención domiciliaria”.
Asimismo, consigna la resolución PGN 71/2012, los fiscales “deberán poner un especial cuidado para que, en caso de intentarlo, no puedan salir del país”.
Más allá de que la resolución principalmente apunta a las causas con imputados por delitos de lesa humanidad el procurador interino consideró que “la problemática estudiada es extensible al resto de los procesos penales y que la medida señalada tienden a dotar de eficiencia a la administración de justicia en esta materia, sin que corresponda, por lo tanto, formular distinciones al respecto”.