El Senado aprobó la reglamentación del recurso del “per saltum”, mediante el cual las causas de “gravedad institucional” podrán llegar al Máximo Tribunal sin instancias previas a propósito de la Ley de Medios. El dabate en la Cámara Alta.
A pesar del fuerte valor jurídico que pudo tener el debate sobre la reglamentación y aplicación del recurso del “per saltum”, en la Cámara Alta se escucharon más cruces de opiniones y posicionamientos que otra cosa. Pero, de todas formas, el oficialismo hizo valer su mayoría y, de esta forma, el Senado aprobó la iniciativa del oficialismo que permitirá que causas de “gravedad institucional” puedan llegar hasta la Corte Suprema sin tener que pasar por las instancias previas.
Desde los distintos sectores se dieron diversas precisiones. Samuel Cabanchik (Probafe) afirmó que la medida le parece “a todas las luces es un instrumento válido frente a casos de gravedad institucional”. En tanto, Liliana Negre de Alonso (PJ) cuestionó: “Se está transformando al elemento jurídico como elemento de poder y en realidad es una herramienta para satisfacer al bien común”.
Más tarde, los descargos dejarían de tener que ver con elementos, cuando menos, jurídicos. Los ataques se centraron en la falta de aceptación del gobierno de las “voces disonantes”, a la vez que el oficialismo se defendió precisando que los monopolios mediáticos no debían ser defendidos.
Para realizar una precisión más técnica y fuera de cuestiones políticas, Marcelo Fuentes (FpV) matizó el debate: “No avanzamos de ninguna manera sobre los atributos de la división de poderes”, dijo, respondiendo de esta forma a los cuestionamientos que también recibió la iniciativa de parte de representantes del Poder Judicial. Sobre todo, del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien declaró que no se dejarían llevar por delante por “grupos políticos o económicos”.
“El Poder Judicial es uno, está fuerte y sigue inconmovible en sus principios. La misión de la justicia es cambiarle la vida a los ciudadanos para mejor”, había afirmado entonces el presidente del Máximo Tribunal nacional.
Por otro lado, María Eugenia Estenssoro (FAP) también hizo un balance en el que estimó que la fuerza de la que forma parte apoyaría la iniciativa en otro contexto, dado que consideran que ahora se trata de cuestiones políticas y no estrictamente jurídicas. Afirmó que de esta forma se avanzaría sobre el Poder Judicial.
De forma que la medida fuera explicada debidamente, Daniel Filmus (FpV), aseguró en diversos encuentros de comisiones que el proyecto “reglamenta el uso del ‘per saltum’ para cuestiones en los que la institucionalidad se vea amenazada. Casos con juicio pendiente o con sentencia de primera instancia, o en aquellos en las que una medida cautelar demore el proceso indefinidamente”.
El senador recordó que “el primer antecedente del ‘per saltum’ en la historia argentina surgió durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando este envío al Congreso en 1987 un proyecto para que el Máximo Tribunal de justicia pudiera saltearse instancias y avocarse a causas de gravedad institucional radicadas en tribunales inferiores”.