Hay dictamen para el “per saltum” en Diputados | Empezaron los alegatos en la causa de Marita Verón | Rechazaron el recurso de un ex funcionario en el caso IBM-DGI
El “per saltum” listo para Diputados
Este jueves en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados se logró emitir dictamen en el proyecto de Ley que establecerá el recurso extraordinario por salto de instancia, también conocido como “per saltum”. El pasado miércoles el Senado de la Nación le había dado media sanción al proyecto que incorpora los artículos 257 bis y ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El primero establece que procederá el “per saltum” en causas de competencia federal “que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional” cuya solución “definitiva y expedita” sea necesaria. Asimismo se establece que el recurso constituye el “único remedio eficaz” para “evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
Caso Marita Verón: comenzaron los alegatos de los acusados
Este jueves, los alegatos del caso que investiga la desaparición de Marita Verón comenzaron y el abogado de María Jesús Rivero y su hermano Víctor, parte de los imputados, pidió la absolución. Cergio Morfil, el letrado defensor, afirmó que no hay elementos para inculparlos. "María Jesús Rivero está acusada solo por haber sido, hace 15 años, la esposa de la `Chancha` Ale", afirmó, refiriéndose a otro de los acusados. También precisó que María Jesús no tenía ningún vínculo con la banda de La Rioja, grupo que presuntamente llevó a cabo el secuestro de Marita. En este sentido, el abogado consignó que "no consta en ningún registro telefónico prueba alguna de comunicación entre mi defendida y los imputados riojanos".
Causa IBM: niegan recurso de uno de los acusados
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo realizado por Ricardo Cossio, ex director de la Dirección General Impositiva (DGI) en torno a un pedido de nuevas medidas de prueba. El ex funcionario se quejó porque la resolución del Tribunal Oral Federal 3 tenía pedidos de pruebas revocadas. La causa investiga la malversación de fondos en la contratación de sistemas informáticos de parte del Estado a la empresa estadounidense.