La ADC, ACIJ, INECIP y CIPPEC firmaron un documento en el que consignan “severas falencias” en el sistema de selección de magistrados a propósito del conflicto suscitado en el fuero Civil y Comercial Federal. Las ONG destacan que las deficiencias en el sistema son responsabilidad de “el Poder Ejecutivo, el Legislativo, la Magistratura y diversos estamentos del Poder Judicial”. El documento.
Un grupo de organizaciones no gubernamentales elaboró un documento en el que consignan “deficiencias” en el sistema de selección de magistrados. En él destacan que los reciente hechos producidos para la designación de un magistrado que ocupará el juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 1 “ponen de relieve la existencia de severas falencias en los mecanismos de selección de jueces”.
Estas falencias, destaca el texto, “se evidencian de manera más notoria en diversas anomalías del sistema de subrogancias”. El documento se encuentra firmado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano y el CIPPEC.
En cuanto a las responsabilidades de las falencias en el sistema se encuentra distribuida, y “no recae en un solo actor sino que es compartida por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Consejo de la Magistratura y diversos estamentos del Poder Judicial de la Nación”, consigna el texto.
Las ONG destacan que el funcionamiento del sistema de subrogancias “acarrea graves consecuencias” ya que “las fallas estructurales de este sistema y las demoras en la realización de los concursos judiciales para llenar las vacantes generaron esta situación que dista de satisfacer el derecho de los ciudadanos a contar con un juez natural imparcial”.
Asimismo, a partir de una investigación realizada por la ADC da cuenta de que “uno de cada cinco jueces de la Justicia Federal y nacional es subrogante” los que, para las organizaciones, junto con “el mantenimiento de esta situación a través del tiempo, han tornado en regla un sistema que debería responder únicamente a casos excepcionales”.
Por su parte, en cuanto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, sostienen que el sistema de subrogancias “no sería hoy un tema de discusión si el sistema de selección y designación de magistrados funcionara adecuadamente” ya que “Existen demoras excesivas en todas las etapas del proceso de selección de magistrados, con responsabilidades compartidas principalmente por el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura”.
“En los últimos dos años solo concluyó cinco concursos destinados a cubrir 21 vacantes, lo cual representa un número considerablemente menor al que aprobaba el propio Consejo” consigna el documento. “Las vacantes actuales ascienden a 223 cargos, de las cuales el 68 % se encuentra pendiente en el Consejo de la Magistratura, el 27 % en el Poder Ejecutivo Nacional, y el 4 % en el Senado”, enumeran las organizaciones.
No queda fuero del análisis de las organizaciones el instituto del “per saltum” ya que para las ONG el proyecto que ya posee media sanción del Senado posee “una definición tan amplia y abarcativa de la gravedad institucional puede acarrear dos peligros: en primer lugar, casi cualquier hecho podría encuadrarse en una definición así”, y se preguntan, “quién sería el órgano que definiría cuando existe dicho tipo de gravedad”.