La Procuración Penitenciaria de la Nación acercó a la Comisión Bicameral para la Reforma del Código Civil y Comercial un documento elaborado en un curso que funciona en la Procuración en donde se expresa la opinión sobre responsabilidad parental durante la ejecución de la condena.
La Procuración Penitenciaria de la Nación, cuyo titular es Francisco Mugnolo, acercó a la Comisión Bicameral para la Reforma del Código Civil y Comercial un documento de opinión elaborado en el curso de Práctica Profesional de la Facultad de derecho de la UBA, que funciona en la procuración donde se analiza la responsabilidad parental durante la ejecución de la condena penal.
El documento destaca que “una situación problemática se da cuando uno de los padres (o ambos) se encuentra cumpliendo una condena penal siendo que el cumplimiento de una pena privativa de libertad constituye una de las situaciones más extremas en las que se puede encontrar una persona”.
Lo que “implica una importante restricción de derechos cuya justificación se encuentra en constante discusión y es objeto de serias críticas”.
Según consignaron, “el art. 12 del Código Penal (CP) establece que la condena privativa de libertad superior a tres años importa—además de la inhabilitación absoluta— cierta incapacidad civil consistente, entre otras cosas, en la suspensión de la responsabilidad parental. Además del Código Penal, el Código Civil vigente también contempla esta limitación en su art. 309”.
Ya que de concretarse la reforma en curso, la solución sería reafirmada en el nuevo art. 702 que establece que: “El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure: (…) b) el plazo de la condena a reclusión y la prisión por más de TRES (3) años”.
“Creemos necesario que el legislador evalúe detenidamente la necesidad de mantener este instituto, así como su concreta regulación” consignó el documento y agrgó que “la labora de actualización y reforma de la ley civil es una ocasión única para contar con un nuevo sistema que constituya una real y efectiva solución al problema, que le permita al condenadorealizar los actos que estén a su alcance”, señalaron.
Según explicaron desde la Procuración “el documento fue remitido a la Comisión del Honorable Congreso de la Nación, encargada de recibir opiniones de los organismos que trabajan temáticas involucradas en la reforma”.
“La conveniencia de los artículos 12CP y del 309CC, así como su constitucionalidad, se encuentran seriamente cuestionadas” así como “la situación de las familias con padres penados reviste suma importancia, tanto por la cantidad de casos que existen como por las consecuencias que acarrea”, concluyeron desde la Procuración Penitenciaria.