La Cámara de Diputados provincial aprobó dos proyectos de Ley que establece la creación de la figura del Abogado del Niño y la limitación de excarcelaciones para los acusados de cometer un delito con armas de fuego en tenencia ilegal. El debate parlamentario.
“Aquí es fundamental discernir entre el actual paradigma del niño como sujeto de derechos, que adquiere progresivamente su autonomía de decisión dejando de ser un incapaz y pudiendo actuar en los asuntos que le incumben a través de su asesor letrado, que representará los intereses del niño y no los que los adultos determinen más conveniente”, precisa el proyecto de Ley presentado por la diputada bonaerense Natalia Gradaschi (Nuevo Encuentro) que a partir de este jueves cuenta con media sanción.
La iniciativa prevé la creación de la figura del Abogado del Niño, quien “deberá representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte”, recibió apoyo unánime de los legisladores.
De esta forma, Gradaschi propuso adecuar la normativa vigente en la provincia a la que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, buscando que la figura cuente con la independencia del Asesor de Incapaces.
También prevé la creación de un Registro Provincial de Abogados del Niño en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales con matrícula para actuar en “territorio provincial que demuestren acabadamente su especialización en derechos del niño, ya sean estos profesionales del ámbito público como privado, y/o integren distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajen la problemática de la infancia y adolescencia”.
Por otro lado, y en una cuestión que también tuvo gran trascendencia, la Cámara Baja bonaerense aprobó un nuevo régimen de límites para las excarcelaciones en los casos en los que se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento por parte una autoridad pública; cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por comisión de delitos con armas, o estén gozando ya de una excarcelación anterior.
La iniciativa, ideada desde el Ejecutivo fue presentada por Iván Budassi (FpV), quien aseguró que “la norma propuesta tiene como principal objetivo que quien porta armas de fuego de manera ilegal y no se somete al control de la policía u otras autoridades no sea excarcelado, y que mientras dure el proceso en su contra permanezca detenido”.
También consignó que la medida “refuerza la obligación de jueces de controlar si quien es sorprendido con un arma de fuego ilegal registra antecedentes penales por delitos dolosos contra las personas o con el uso de armas. En ese caso, no podrá ser excarcelado. Y tampoco si el presunto delincuente estuviera portando armas de cualquier calibre y ya gozando de una excarcelación”.
“Esta ley pretende reforzar la obligación que está en el Código Penal, con una reforma sancionada en el 2004”, concluyó el legislador bonaerense.