Con la entrada a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional del proyecto de intervención del Poder Judicial correntino, los cruces comienzan a tomar forma. Qué dijeron desde la administración de Justicia provincial.
Voces a favor, voces en contra, duros cruces de opiniones y muchas posiciones encontradas. La posibilidad de que se intervenga federalmente al Poder Judicial de Corrientes dejó de ser una amenaza para convertirse en un espectro de lo que podría ser una realidad. El proyecto para llevar a cabo esa acción ya ingresó en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional gracias al senador José María Roldán y suscitó un gran debate.
"Hay que estar atentos. Dejan la puerta abierta para intervenir la provincia. Quieren avasallar la autonomía provincial y presionar a los jueces para que no avancen contra ellos", puso de manifiesto Ricardo Colombi, gobernador de la provincia.
Pero, ¿por qué se llegó hasta esta instancia? La denuncia llevada a cabo por quienes están a favor de la intervención está relacionada con la presunta relación de connivencia entre el poder político y la administración de Justicia, en especial lo relativo al Poder Judicial. Por supuesto, la respuesta de los acusados tiene que ver con los intereses políticos del sector del que reciben críticas.
Hace algunos meses, comenzaron las primeras quejas sobre la lentitud del servicio de Justicia. El Colegio de Abogados provincial se quejó por la falta de acciones para mejorar la situación en este sentido. Más tarde, llegaron otras acciones, como la exhortación de parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que las causas penales tengan una resolución más rápida. Un ex gobernador correntino, Raúl Rolando Romero Feris, estaba comprometido por un caso en el fuero.
De esta manera comenzaron a constituirse las primeras idas y vueltas de opiniones y ataques frontales y expresos entre legisladores, magistrados y representantes del poder político. "Desde el Poder Judicial actúan como apéndice del Poder Ejecutivo, activan denuncias contra la oposición. Ante esto, nos vamos a defender con todas las armas", precisó el diputado nacional Fabián Ríos (PJ).
Más tarde, y a pesar del señalamiento realizado al fuero penal, el presidente del STJ, Carlos Rubín, consignó que "la denuncia (sobre la connivencia) no tiene entidad suficiente. La Justicia podrá tener mora, pero está garantizado su pleno ejercicio en independencia".
Luego de la presentación del proyecto, comenzaron las adhesiones a favor de los magistrados correntinos. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) consignó que la intervención “no aportará solución a la crisis del sistema judicial por el que se estaría atravesando y solo llevaría como resultado un grave atentado a los principios fundamentales de la vida en democracia y los republicanos de gobierno que se sustentan en la división de Poderes, el respeto irrestricto de las leyes y de los imperativos soberanos de nuestra Constitución”.
En ese orden de ideas, los representantes de los colegiados también agregaron que “las crisis de la justicia, la más de la veces, no es solo responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, ya que el sistema democrático y republicano de gobierno sustentado en la división de Poderes, impone a cada uno de ellos la obligación irrevocable de asegurar, garantizar y afianzar la justicia para toda la población”.
En un pronunciamiento reciente, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) aseveró a través de un comunicado que “nos sorprende la actitud de dicho Senador (por José María Roldán) porque debería ser uno de los defensores del sistema Federal establecido por nuestra Constitución Nacional”.
En ese mismo orden, desde JuFeJus afirmaron que una intervención “implicaría una gravísima afectación a las autonomías Provinciales con el consiguiente agravio a la Constitución Nacional” reafirmando “los principios de inamovilidad, imparcialidad, independencia y garantía del juez natural”.