De la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de mandar al plenario de ese cuerpo, la instrucción con el consiguiente pedido de juicio político para el juez federal Carlos Liporaci. Existe criterio formado en ese cuerpo de que los ingresos declarados por parte del magistrado no cierran para pagar el alto costo de su vivienda de la calle Gaspar Campos 471 de Vicente López . El quiebre de la línea defensista se produjo esta semana cuando los diputados justicialistas Miguel Pichetto y María Lelia Chaya vieron que se tornaba inevitable dejar caer su ciudadela. Ambos estiman que el dictamen del diputado del Frepaso, Pablo Fernández (concluirá su mandato de presidente de esa comisión, ahora, en diciembre, habiendo impulsado la acusación a Liporaci) elaborado junto al abogado de la FACA Angel Garrote, puede dejar abiertas algunas líneas de defensa jurídica para el Jury. Tanto Pichetto como Chaya se encrespan al reprochar de sus pares el actuar en forma inconsulta al haber ido un viernes a la tarde al despacho del juez Gabriel Cavallo, haber logrado que éste levantara el secreto de sumario, leer el expediente, escribir un borrador ese fin de semana y el domingo dárselo a un diario para que todo el mundo se entere por la prensa, incluido el resto de la comisión.
hugo morales / dju
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