En esta investigación se muestra el fiscal Pablo Recchini. Hombre de bajo perfil –contrariado con las fintas que le dedica el juez Cavallo, quien le delegó la instrucción para no complicar su camino hacia el sillón que lo espera en la Cámara Federal Penal porteña, uno de los tribunales más estratégicos de la Justicia-. El fiscal cree íntimamente que Liporaci no pudo haber reunido el dinero suficiente para pagar la cuestionada compra de su casa. Así la hubiera pagado –como dice el juez en su declaración jurada- $ 610.000. Pero ese convencimiento, como hombre apegado estrictamente al código, no puede volcarlo en el expediente hasta tanto no reúna las pruebas correspondientes. Por eso ordenó una pericia sobre todos los ingresos y egresos de la familia Liporaci. Pese a que la defensa del juez sostiene y es cierto, que en Derecho Penal no puede condenarse por presunción y hasta que no se cumplan los plazos que vencen los créditos, no se podría demostrar si hubo o no perjurio del juez al declarar como compró la vivienda y el origen de los fondos, el fiscal espera el dictamen de los expertos contables para supuestamente pedir su procesamiento.
hugo morales / dju
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