Chaya, dictaminó "aconsejar al Plenario del Consejo de la Magistratura desestimar el pedido de apertura del procedimiento de remoción contra Liporaci".
La causa tuvo inicio ante el Juzgado Federal No. 1 de Mendoza, a cargo del juez federal Luis Leiva, en la cual fue imputado el ex banquero Raúl Moneta y otros directivos del Banco Mendoza por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, infracción a la ley penal tributaria y subversión económica. El juez Leiva dictó el procesamiento de Moneta y libró una orden de captura en su contra.
A raíz de un conflicto de competencia entre el juez federal de Mendoza y elde Buenos Aires, la Corte Suprema resolvió atribuírsela a este último, quedando en el juzgado del juez Gustavo Literas quien hizo lugar a un pedido de eximición de prisión de Moneta, medida que fue apelada y revocada por la Cámara de Apelaciones.
Contra este último auto Moneta interpuso un recurso extraordinario que fue concedido por el Tribunal de Alzada, elevándose las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juez Literas viajó al exterior y a raíz de ello actuó como juez subrogante el juez Liporaci.
En base a la denuncia de Maglietti, Chaya entendió que "carece de sustento jurídico para encausar la cuestión en el supuesto de mal desempeño que habilite la apertura del proceso de remoción” y que “resulta erróneo lo afirmado por el denunciado quien sostiene que el juez Liporaci concede la eximición de prisión al banquero Moneta", atento que dicho beneficio fue en realidad concedido con anterioridad por el interviniente juez Literas, y luego revocado por la Cámara”.
Además del tratamiento de esta causa, el plenario de la Comisión de Acusación, pondrá a consideración la citación a Liporaci para el 12 de diciembre próximo. Liporaci tiene tres pedidos de juicio político, y entre ellos se encuentra la denuncia por supuesto “enriquecimiento ilícito”, presentación que fue realizada en su oportunidad por los consejeros Juan Gersenobitz y Eduardo Orio a quienes Héctor Rodríguez, abogado patrocinante de Liporaci, recusó el viernes pasado en virtud de las declaraciones de Gersenobitz a Diariojudicial.com, el 28 de noviembre último, oportunidad en que el consejero indicó que “si el Consejo de la Magistratura no brindara información a los medios de prensa, no sería transparente”. Según fuentes allegadas al cuerpo, dicha recusación será rechazada por “carecer de sentido”, al igual que la anterior presentada por el mismo letrado contra los consejeros Pablo Fernández, presidente de la Comisión de Acusación y Fermín Garrote fundada también en que los integrantes del cuerpo daban a conocer los dictámenes a los medios de comunicación antes de que éstos fueran debatidos en el plenario de la Comisión.