Brevatas

El TSJ eligió presidente por voto por primera vez

Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires reeligió por el voto de sus integrantes a Luis Francisco Lozano como presidente. Por su parte, José Osvaldo Casás, ocupará la vicepresidencia del máximo tribunal porteño integrado, además, por Ana María Conde y Alicia Ruiz. Es la primera vez que el máximo tribunal porteño elige a su presidente mediante el voto de sus integrantes ya que hasta el momento se realizaba una presidencia rotativa. El voto no fue unánime y recayó sobre Lozano quien ejercerá la presidencia nuevamente por un año desde el próximo 1 de enero.

Denuncian a la ANSES por incumplir con el 82% móvil

Es con con relación al caso de una jubilada de 74 años que “reclama el reajuste fundada en el Caso Badaro, pero se lo rechazan por considerar el caso como ajeno a su reclamo. El ombudsman de la Tercera Edad ha denunciado que el Estado Nacional asumió el compromiso de no demorar los trámites coincidentes con el caso Badaro, pero no lo hace. La Corte suprema ha reclamado al Poder Ejecutivo el cumplimiento efectivo de las leyes jubilatorias”, subraya la presentación realizada por la mujer. La denuncia fue realizada contra el titular de la ANSES, Diego Bossio, y el responsable de la seccional Barracas, Gabriel Horacio Mariana, por “violación de los derechos constitucionales”, pues pese a que “tiene derecho al 82 por ciento móvil, no lo cobra”. El escrito fue presentado ante el el juzgado federal a cargo de la magistrada María Servini de Cubría registrada con el número 13.243/12, fue impulsada por Teresa Andrada Acosta, patrocinada por el abogado Daniel Igolnikov.

La Corte dictó una nueva resolución en el marco de la causa Riachuelo

La Corte Suprema de Justicia dictó una nueva resolución en el marco de la causa Riachuelo para reforzar la aplicación del plan de saneamiento de la cuenca hídrica. Además, el Máximo Tribunal consideró que hay una nueva etapa en la ejecución del plan y, tras el desplazamiento del Juzgado de Quilmes, decidió dividir la competencia para mejorar los controles: la fiscalización de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras, así como su nivel de ejecución presupuestaria, quedarán transitoriamente bajo la competencia del Juzgado en lo Criminal Correccional Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres; entre tanto, todas las restantes competencias atribuidas en la sentencia de julio de 2008 -con las aclaraciones definidas el 10 de noviembre 2009- quedarán transitoriamente bajo la competencia del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez. Las medidas para reforzar la ejecución del saneamiento de la cuenca hídrica, basadas en algunas de las cuestiones abordadas en las audiencias públicas que se celebraron durante 2012, incluyeron las siguientes cuestiones: relocalización de establecimientos industriales -predio ACUBA-, sistemas de medición de calidad de aire y agua, detección de conexiones clandestinas, erradicación/relocalización de villas de emergencia y asentamientos poblacionales precarios y la puesta en marcha de la Planta Depuradora del Bicentenario de Berazategui, la Planta de Tratamiento Dock Sud, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental, la Red de Servicios de Salud y el Plan de Reconversión Industrial. La decisión fue tomada en forma unánime por los siete integrantes del Alto Tribunal de la Nación.

Instruyen a los defensores para que eviten condenas altas para menores

La Defensora General, Stella Maris Martínez, instruyó a los defensores para que las condenas de más de quince años a menores de edad sean recurridas de forma indefectible, agotando todas las instancias posibles. Cuando una de esas penas sea aplicada, también deberán informar de manera inmediata al Programa para la Aplicación de Tratados sobre Derechos Humanos de la Defensoría General de la Nación. Desde el organismo explicaron que "esta medida se toma en función de resguardar a la niñez como grupo en situación de vulnerabilidad en la sociedad, teniendo en cuenta que en al ámbito nacional el decreto Ley 22.278 dispone que los menores de 16 a 18 años que incurrieren en delitos de acción pública reprimidos con una pena privativa de la libertad superior a los dos años, pueden ser condenados a cumplir una pena de prisión igual a la que se le impone a un adulto. Dicho decreto viola los principios de menor culpabilidad, de especialidad y de trato diferenciado, sin considerar las necesidades especiales de la niñez, sobre todo cuando se trata del ejercicio del poder punitivo del Estado".