Con el Programa sobre Políticas de Género, la Procuración General de la Nación dio a conocer las falencias en el archivo de causas sin medidas de prueba y la declaración en más de una oportunidad que revictimiza a las mujeres afectadas, entre otros puntos.
Los datos de violencia de género "son alarmantes, por eso necesitamos políticas pro activas y cambiar los patrones socioculturales discriminatorios que también afectan a los fiscales", explicó la procuradora general Alejandra Gils Carbó durante la presentación del Programa sobre Políticas de Género.
Durante el lanzamiento, uno de los puntos destacados fue la información brindada de por qué se llevó a cabo la creación de esta nueva herramienta. Los datos apuntaron a las falencias con que cuenta el sistema de defensa de las mujeres víctimas de este flagelo que parece crecer desmedidamente en nuestro país.
Con respecto a los antecedentes que revisaron desde la Procuración, Gils Carbó enumeró algunos de los problemas más graves: "Se archivan muchas causas de violencia sin obtener medidas de prueba y, también, que se toma declaración a las víctimas en varias oportunidades, revictimizándolas".
Pero otro dato que pusieron de manifiesto en la presentación y que no es menor son las cifras relativas a la judicialización de los casos, que solo abarcan las denuncias realizadas y no todo el espectro de la problemática. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema recibió 33.000 casos. De esa cifra, 23.000 son llevadas a cabo en el fuero Penal, y el 38% continúa en etapa de instrucción, mientras que el 64% se encuentra en la Justicia Nacional.
En la resolución en torno al Programa se tuvieron en consideración, y de una forma crítica, “los ideales igualitarios de la Constitución Nacional —y del derecho federal que en ese sentido se ha adoptado en su consecuencia— contrastan con el estado de cosas actual en el que la efectiva igualdad entre los géneros está aún demasiado lejos de ser una realidad”.
También se destacó que “a pesar de los muchos y valiosos avances logrados en tiempos recientes mediante la adopción de normas e instituciones, y la implementación de programas públicos y políticas sociales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas ha expresado sin embargo preocupaciones serias al redactar sus observaciones finales en respuesta al informe periódico que la Argentina formula en el marco de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.
El Comité citado en la resolución puso de manifiesto todo lo que falta hacer al respecto de la violencia de género, con una profunda autocrítica en torno a los pocos avances que se han logrado en este sentido, teniendo en consideración que los números de la problemática aumentan a diario.
El organismo preciso, exactamente, que no se cumplieron las premisas de la Convención, "en particular entre las autoridades judiciales y otros funcionarios encargados de hacer cumpHr la ley", a la vez que desdeñó la persistencia de "estereotipos de género imperantes en el sistema de justicia y su desconocimiento de la discriminación por motivos de sexo y de género, así como de la violencia contra la mujer".