El letrado aseguró que hubo “prácticas irregulares” y “manejos extraños” en una causa en la que aparecen involucrados dos camaristas del fuero comercial.
Moreno Ocampo consideró posible que miembros de la Cámara Comercial Isabel Miguez de Cantore y su par de la Sala “A” Julio Peirano hayan incurrido en mal desempeño de sus funciones.
“A partir de la venta de fallos judiciales utilizando a abogados como interpósitas personas” el letrado indicó que “a su estudio se le encomendó una investigación en la que detectó lo que calificó como irregularidades y procedimiento ilegal por parte de los camaristas del Fuero Comercial”.
El abogado también precisó que “esa anomalía consistió en desdoblar una sentencia y notificarla a una sola de las partes para luego retomar el estudio del expediente en perjuicio de la otra accionaria”, como en el caso de su clienta Mónica Madanes, quien denunció a la empresa Aluar por cuestiones societarias que fue tramitada en la Sala “A” de la Cámara Comercial.
El ex fiscal explicó que “Madanes integra junto a un primo, Javier Madanes Quintanilla” -quien ejerce el control de la firma PCR- el grupo de propietarios de las acciones de la empresa Aluar, al que señaló como “beneficiado” por la actuación de dicha sala del fuero comercial.
Moreno Ocampo señaló además diferencias en regulaciones de honorarios a abogados con liquidaciones mayores para profesionales con menos participación en expedientes que tramitaron ante ese fuero. Esta parte del testimonio coincidió con lo expuesto en su oportunidad con la jueza Miguez de Cantore quien se refirió entonces a la “vinculación” existente entre Peirano y el abogado Pedro González Trabucco. Peirano se desempeñó como secretario letrado de Rodolfo Barra cuando éste integraba la Corte Suprema, e integra la Sala “A” junto a Miguez de Cantore mientras el tercer camarista Manuel Jarazo Veiras, renunció meses atrás cuando comenzaron a circular trascendidos sobre “favores” a letrados o estudios jurídicos.
El letrado también se refirió en su alocución a que “hay una actitud irregular de Peirano que dicta sentencia sin que se notifique a una de las partes y luego devuelve el fallo al acuerdo para la regulación de honorarios.
Este es el primer hecho que confirma irregularidades en la causa que tramitaba ante la Sala A”, dijo. Al mismo tiempo manifestó que “el segundo hecho que demuestra las irregularidades es que en la Asamblea de PCR, dueña de acciones de Aluar, se toma conocimiento de que se han pagado honorarios al Dr. Anaya (abogado) por 60.000 pesos y al letrado San Martín por 125.000 pesos”, indicó Moreno Ocampo.
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Camaristas comerciales bajo la lupa de Moreno Ocampo 06/12/2000