A) IRRITADO

Con la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial se encontraba el jueves un connotado miembro del Consejo de la Magistratura. En mesa bien servida ante atentos comensales en recoleto restaurant –lugar donde escancian jueces y abogados- como un importante recién ascendido funcionario y dos abogados de nota, el consejero se quejó por las actitudes ambiguas del sindicato de jueces. Cuando se trata de los jueces federales, ni siquiera asoma la nariz de la protesta, porque en el caso de Carlos Liporaci permitió que los representantes de la Alianza en el Consejo de la Magistratura pudieran llevar adelante la investigación de juicio político sin siquiera esperar el dictamen de la instrucción federal. En ese marco el representante de muy alto vuelo político insistió –una apreciación que ya anticipó esta columna- en las veleidades del juez Gabriel Cavallo quien –dijo- habló por teléfono con el presidente de la Comisión de Acusación, Pablo Fernández –hombre de Carlos “Chacho” Álvarez- y al abogado Fermín Garrote para abrirles el expediente un jueves a la tarde fuera del horario de la comisión y sin conocimiento del resto del cuerpo. Esa acción le permitió a Fernández –deja la presidencia esta semana y sale con el blasón de Liporaci puesto- y a Garrote elaborar un dictamen que lo conoció ese fin de semana el mismo medio que lo publicó el lunes, con lo que el resto de la comisión se enteró del dictamen por los diarios.

hugo morales / dju