El discurso de apertura del período legislativo de este año a cargo de la presidente Cristina Fernández generó un gran revuelo en diferentes sentidos, pero sobre todo, en el ámbito judicial. El término “democratización de la Justicia” comenzó a ser parte de un concepto enarbolado por sectores afines a la posición desarrollada durante la alocución de la primera mandataria. En este marco, es dable recordar el encuentro por una “Justicia Legítima”, donde jueces, fiscales, defensores y juristas coincidieron en la necesidad de introducir profundos cambios en este sentido.
La presidente afirmó que la decisión tiene que surgir de la Justicia, ya que es en ese ámbito en el que se tomó la decisión. Al mismo tiempo, recordó un pronunciamiento de parte de la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, en torno a esta cuestión, donde se mostró a favor del pago de un impuesto a las ganancias de parte de los jueces.
Teniendo en consideración esta idea, la Procuración General de la Nación (PGN) envió un oficio a la Corte Suprema para, de forma conjunta, buscar la forma de implementar el gravamen a los magistrados.
El oficio fue enviado el jueves pasado y no se encuentra firmado por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, sino por el subdirector general de Administración de la Procuración General de la Nación, Jorge Daniel Domanico, quien concretamente solicitó una reunión con el director general de Administración de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi.
Tal y como lo consigna el oficio enviado el objetivo es “examinar de manera conjunta la manera de proceder para la implementación del pago del impuesto a las ganancias”. Esto es tanto en el ámbito del Poder Judicial como en el Ministerio Público.
El texto enviado al director general de Administración del Máximo Tribunal también resalta que como el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 24.946 garantiza “el reconocimiento de la misma jerarquía y beneficios a los integrantes del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la Nación con el objeto de asegurar el libre traspaso entre ambos organismos”, el pago del impuesto sólo puede ponerse en práctica en los ámbitos correspondientes a ambas instituciones de manera simultánea.
“La eventual modificación de la Acordada 20/96 implica el deber legal de aplicar automáticamente esas mismas pautas de haberes por parte de esta Secretaría”, consigna el oficio enviado por Domanico.
Los jueces y los fiscales no son los únicos exentos. En virtud de una acordada de la Corte de la época de Julio Nazareno, los restantes empleados del Poder Judicial, tampoco tributan este impuesto. Por eso la decisión podría generar también un fuerte rechazo en Unión de Empleados Judiciales, a cargo de Julio Piumato -alineado con Hugo Moyamo- ya que el tributo alcanzaría a la gran mayoría de sus representados.
Una de las propuestas que barajaba la Corte para evitar ir de lleno al conflicto es que empiecen a tributar sólo los nuevos jueces, dejando indemne las remuneraciones de quienes ya se encuentren en funciones. Sin embargo suena poco admisible que empiece a haber jueces con sueldos un 35 % menores que los de sus colegas más antiguos.
Teniendo en cuenta esta limitación solución, que estaría siendo estudiada por la Corte, consiste en aplicar un esquema similar al que usan los diputados y los senadores nacionales. Los legisladores no tributan sobre la totalidad de lo que les trae el sobre sino que lo hacen sobre ciertos rubros del recibo. El Máximo Tribunal debería decidir sobre cuáles y qué alcance real tendrá sobre sus salarios de bolsillo. También se estudia que haya un aumento salarial compensatorio que haga que las remuneraciones de los jueces sigan cumpliendo el requisito de intangibilidad.
¿Los fiscales también?
La Acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia por la que los jueces están exentos del tributar el Impuesto a las Ganancias no incluye a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, entre ellos los fiscales y a los defensores oficiales.
Gils Carbó estaría estudiando la posibilidad emitir una resolución "modelo", que no requiere de la aprobación de la Corte Suprema ni de ninguna ley, de incluir a los fiscales en el tan temido pago de Ganancias.
A favor del pago de Ganancias
En este sentido, también es importante recordar la opinión del ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, en relación a los posicionamientos que la presidente había destacado: "Siempre he sostenido que tendríamos que pagar Impuesto a las Ganancias. Creo que, incluso hasta por la imagen del Poder Judicial, esto hay que resolverlo de alguna manera".
El integrante del Máximo Tribunal nacional también alegó que "tenemos que repensar la estructura del Poder Judicial, no es que tengamos las mejores instituciones del mundo. El debate hay que abrirlo", consideró. "Me entusiasma que el debate se abra en el campo político, que por fin la política se haga cargo de las dificultades que tenemos en el Poder Judicial".
En una declaración que también generó una gran repercusión, el magistrado afirmó que "el tema es la historia por la cual hay un sector que considera que están por encima de la Constitución Nacional y exentos de cumplir con las normativas a las que nos tenemos que adecuar el conjunto de los argentinos, todo el mundo paga impuestos".
dju
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