La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, presentó en la Legislatura porteña una iniciativa por medio de la cual propone una “tarifa social y/o franquicia de pago”, para los usuarios del sistema de transporte público subterráneo de pasajeros.
Alicia Pierini, Defensora del Pueblo porteña, presentó el martes pasado en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de Ley mediante el cual propone la incorporación de una “tarifa social y/o franquicia de pago” para los usuarios del Subte como una “herramienta de inclusión social”.
El proyecto contempla como beneficiarios de la tarifa a los “maestros de establecimientos públicos de la Ciudad”; “trabajadores que acrediten cobrar el salario mínimo vital y móvil” y “los estudiantes secundarios y de nivel terciario no universitario que concurran a establecimientos estatales o privados con subsidio del estado”.
En el caso de maestros y trabajadores la reducción de tarifa sería del 60% del total de la misma; en tanto que para los estudiantes recibirían un subsidio que ascendería al 80% de la tarifa y comprendería los viajes realizados en días hábiles.
Asimismo, el proyecto plantea que los estudiantes primarios durante el período lectivo; las personas discapacitadas; quienes reciban la Asignación Universal por Hijo, los beneficiarios del Programa Ciudadanía Porteña; Ticket Social u otro programa análogo del beneficio social o provincial y jubilados y pensionados con haberes mínimos serán subsidiados con el 100 % de la tarifa del pasaje.
La iniciativa, también plantea que la empresa concesionaria (Metrovías) implemente “las modificaciones necesarias en el sistema informático que permitan la utilización de la tarjeta SUBE, como así también disponer el uso corriente de tarjetas que cubran diez viajes al precio de cuatro u dos, y/o pases gratuitos, según corresponda”.
“Ante el inminente aumento de la tarifa al usuario, a fin de garantizar los derechos constitucionales de acceso a los servicios públicos de transporte resulta imprescindible generar los mecanismos necesarios para el uso general y sin restricciones del servicio, específicamente respecto de la población más vulnerable de la región metropolitana”, consigna entre sus fundamentos el proyecto.
“La proyectada fijación de la tarifa para el usuario al valor de $ 3,50 (tres pesos con cincuenta centavos) generará innegables dificultades para afrontarla en determinados sectores de la población. El costo de un viaje redondo (ida y vuelta) será, sin contar otros servicios adicionales, (transporte automotor de pasajeros y/o ferroviario de superficie) de al menos de $ 7,00 (siete pesos) diarios por persona, equivalentes a $140 (ciento cuarenta pesos mensuales) si se realizan 5 viajes semanales. En casos de grupos familiares o con hijos menores la cifra puede fácilmente duplicarse, triplicarse o cuadriplicarse”, explica el texto de la iniciativa.