El presidente del cuerpo y diputado de la Alianza, Pablo Fernández, adelantó a Diariojudicial.com que “sigue en vigencia la citación por el artículo noveno, para que el doctor Liporaci efectúe su descargo que prevé el reglamento de la Comisión de Acusación”.
Fernández manifestó que se espera “contar con la presencia de Liporaci que además nos parece que es lo que corresponde, por ser respetuoso del debido derecho de defensa que tiene el magistrado, que para eso se lo convocó”.
El titular de la comisión no descartó que el abogado de Liporaci, Hector Rodríguez, presente su descargo por escrito ya que “esta es una de las alternativas, reemplazar la comparecencia personal”. “No podemos hacer un juicio de valor previo, hay que evaluar tanto sea su declaración personal, como su descargo por escrito y a partir de ahí tomar decisiones”.
Fernández, adelantó que “si el descargo es satisfactorio, se desestimaría la denuncia que pesa contra él, de lo contrario la Comisión deberá evaluar la posibilidad de continuar con los pedidos de acusación, que habrá que elevar a plenario, nunca decidirá la Comisión solamente”.
Varios consejeros especularon esta tarde con que el magistrado federal no asistiría a la audiencia, y que presentaría un escrito. Otros sin embargo esperan que Liporaci asista a la audiencia para efectuar su derecho de defensa. El consejero y abogado Eduardo Orio, indicó que en el supuesto caso que el juez Liporaci no se presente a comparecer ante el cuerpo, ni exponga una declaración por escrito, no afectaría en nada el estado de “las cosas”, y en dicho caso la Comisión de Acusación podría elaborar un dictamen acusatorio.
En tanto la consejera y diputada María Lelia Chaya, prefirió no adelantarse a realizar ningún comentario a raíz de que “no conoce al magistrado federal”.
Los consejeros citaron a Liporaci, a comparecer ante el cuerpo para que ejerza su derecho a defenderse en torno a los cargos que se le imputan. Al juez se lo acusa por supuesto “enriquecimiento ilícito” causa en donde los denunciantes son los consejeros Orio y Juan Mario Gersenobitz, quienes fundamentaron la misma en la adquisición de una propiedad, por parte de Liporaci, valuada en un millón de pesos y que el juez dice haberla pagado en 600.000 pesos. También el magistrado tiene otros dos pedidos de juicio político. Se trata de una causa por la caída del Banco Mendoza que recayó en su juzgado. En esa causa estuvo involucrado el ex banquero Raúl Moneta, quien en ese momento de encontraba con un pedido de captura realizado por el juez federal de Mendoza Luis Leiva, y que Liporaci dejó sin efecto.
Por último también se lo acusa al juez de demorar una causa por las presuntas irregularidades acerca de la contratación de la empresa Hidroeléctrica Yacyretá.