La denuncia fue formulada hoy por los abogados Eduardo Barcesat y Carlos José Díaz y quedó radicada en el juzgado federal 1 a cargo de la jueza María Servini de Cubría.
Los letrados también acusaron a funcionarios, legisladores y magistrados por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Barcesat aseguró, en declaraciones formuladas luego de efectuar la presentación, que el gobierno nacional asumió "un actitud hipócrita al no dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales".
En tal sentido, sostuvo que se incumple con el primer punto de dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece el deber "de reparar la privación de libertad que padecen los detenidos, comportando un claro supuesto de abuso de autoridad y violación de deber de funcionario público".
"Los ayunantes -dijo- están en una situación de riesgo de vida o afectaciones permanentes a su salud" por lo que reclamó las certificaciones médicas correspondientes para corroborar el delito de "abandono de persona".
Asimismo, advirtió que "el Estado Nacional no puede arrogarse la atribución de decidir qué resoluciones cumple" de los acuerdos internacionales "y cuáles no, de las que emite el sistema regional interamericano".