¿Qué dicen los proyectos?

Seis son los proyectos que llegaron al Congreso de la Nación con la promesa “sacudir” al Poder Judicial en su integridad en pro de una “democratización de la Justicia”. Desde varios frentes hubo apoyos y críticas. DiarioJudicial.com publica los textos de las iniciativas y analiza la letra chica.
 

El Poder lo tiene el Consejo de la Magistratura

Una de las iniciativas con más repercusiones, y que ya cuenta con dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto del Senado, son las modificaciones pretendidas en el Consejo de la Magistratura. El proyecto consigna que pasaría a estar integrado por 19 miembros, tres más que los actuales, compuesto de la siguiente manera: 3 jueces, 3 representantes de los abogados, 6 representantes académicos, 6 legisladores y 1 representante del Poder Ejecutivo.

Se agrega el artículo 3 bis mediante el cual se consigna que en el caso de la elección de académicos, jueces y abogados “las elecciones se realizarán en forma conjunta y simultánea con las elecciones en las cuales se elija presidente”. Asimismo se aclara que “no podrán ser consejeros quienes hubieren desempeñado cargo o función pública durante la última dictadura cívico-militar”. Cuya elección de precandidato es “exclusiva de las agrupaciones políticas”.

En cuanto a la selección de magistrados se incorpora la figura del “concurso previo” donde la Comisión de Selección, con instrucción del Plenario, puede convocar a concursos “con anterioridad a la producción de vacantes” y “entre quienes aprueben” se “confeccionará una nómina” que estará vigente por tres años. También se incorpora al estamento de abogados a la Comisión de Selección. Hasta el momento los abogados no formaban parte de la misma.

Siguiendo con los concursos, en la iniciativa se estable que los jueces no podrán ser jurados, como sucede actualmente  ya que serán sólo profesores de universidades nacionales, y se sostiene que la duración total de los concursos “no podrá exceder los 90 días” y podrá prorrogarse por otros 30 días en caso de que haya impugnaciones.

Otro punto que forma parte de las pretendidas modificaciones en competencias económicas que se encontraban en manos de la Corte Suprema tales como reajustar los créditos del presupuesto, acción que pasará a manos del Consejo de la Magistratura así como “llevar adelante la administración de personal de todo el Poder Judicial” y, entre otras cosas, fijar la escala salarial de empleado, magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

También en el proyecto se les saca a las cámaras la posibilidad de la designación de jueces subrogantes que pasan a estar en manos del Consejo. Siendo la Comisión de Selección la encargada de proponer las mismas y el Plenario quien deberá aprobarlo.
 

Más Casación menos Corte

En otro de los proyectos presentados, también con dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto del Senado, se promueve la creación de nuevas Cámaras de Casación: la Cámara de Casación Contencioso Administrativo Federal; la del Trabajo y la Seguridad Social y la Civil y Comercial.

Todas ellas constarán de dos salas con tres miembros cada una y un séptimo miembro que será el presidente de la Cámara. Por lo que se crearán 7 cargos de juez de casación por cada cámara creada. Entre los argumentos consignados en el proyecto para estas nuevas cámaras se encuentra el “retraso de los procesos judiciales”. También las modificaciones propuestas incluyen el causal de “arbitrariedad” como una de las causas que habilita la impugnación.

Otro argumento que se plantea para la creación de las nuevas cámara es que “se descomprime el cúmulo de tareas que retrasan la labor del Alto Tribunal” y “el recurso de casación que se propone posibilitará una respuesta jurisdiccional adecuada y efectiva” para quienes “padecen un agravio imputable a una decisión jurisdiccional grave y ostensiblemente antijurídica”.

No obstante el artículo 7 consigna claramente que “en los casos que se considere necesario, se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación de los jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de causas”.
 

A limitar cautelares

Las medidas cautelares también son protagonistas en los proyectos enviados. Este jueves el Senado seguramente emitirá en comisión el dictamen correspondiente para que esta iniciativa sea analizada en el recinto la semana que viene. El aspecto clave del a iniciativa tiene que ver con las medidas cautelares presentadas contra toda “actuación u omisión del Estado Nacional o sus entes descentralizados”.

Asimismo, en el proyecto se limita los plazos de las medidas cautelares que tendrán vigencia que “no podrá ser mayor a los seis meses”, en tanto que en los juicios de amparo ese plazo se reduce a tres meses. Mientras que los límites temporales “no procederán” cuando “la medida cautelar tenga por objeto la vida o la salud de la persona o un derecho de naturaleza alimentaria”.

Terminado el plazo el juez podrá prorrogar la medida sólo “por un plazo no mayor de seis meses”, “a petición de parte y previa valoración adecuada del interés público comprometido en el proceso”.
 

Ingreso para todos y todas

Una de las iniciativas que cuenta con apoyos de varias organizaciones no gubernamentales que tratan temas de  Justicia, es la que tiene por objeto “el ingreso igualitario y democrático de personal al Poder Judicial y al Ministerio Público.

Se podrá ingresar al Poder Judicial “como empleado y personal de maestranza y oficios en el cargo de menor jerarquía y como funcionario en los cargos letrados”. Sin embargo el proyecto permite la designación directa en “los cargos de relator de cámara, secretario privado de primera instancia, y todos los del escalafón de las vocalías de los consejeros miembros del Consejo de la Magistratura”.

Asimismo se incorpora el procedimiento de concursos para ingresar en el Poder Judicial en estos cargos y un cupo de discapacitados que deberá ser como mínimo del 4 por ciento de los cargos a cubrir. Los concursos se realizaran en el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, respectivamente.

Una vez aprobados los exámenes los postulantes y surgidas las vacantes se sorteará a través de la Lotería Nacional. Aunque en los cargos letrados las listas de postulantes se ordenaran por orden de mérito y se informará a los postulantes y los nombramientos se harán teniendo en cuenta el orden de mérito.
 

Declaraciones juradas accesibles

Un proyecto que no sólo incluye al Poder Judicial, sino a los tres poderes, es que tiene que ver con las declaraciones juradas de sus miembros,  ya que establece que estas “son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita por Internet”.

Quedan comprendido el presidente y vice de la Nación, senadores, diputados, magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, defensor del Pueblo, jefe de gabinete, ministros secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, los miembros del Consejo de la Magistratura, el personal que cumpla servicios en el Poder Judicial y Ministerio Público “con categoría no inferior a secretario o equivalente”, entre otros.
 

Transparencia jurisprudencial y administrativa

El proyecto del Ejecutivo plantea que la Corte Suprema, los tribunales Federales de todo el país y las Cámaras Nacionales de la Capital Federal “deberán publicar íntegramente todas las acordadas y resoluciones que dicten, el mismo día de su dictado” y “deberán ser publicadas una vez notificadas las partes”.

Estas publicaciones se “realizarán mediante un diario judicial en formato digital que será accesible al público, en forma gratuita, por medio de la página de internet de la Corte Suprema de Justicia”.
 

El Congreso en pleno análisis

Este miércoles en el Senado de la Nación se analizaron y dio dictamen positivo a dos de los proyectos, el que modifica el Consejo de la Magistratura y el que crea las nuevas Cámaras de Casación. Asimismo, este jueces seguramente se le dará dictamen positivo al proyecto sobre las medidas cautelares. Todo esto en el Senado de la Nación.

Los otros tres proyectos en juego comenzarán a ser analizados en comisión el martes próximo en la Cámara de Diputados a partir de la reunión que celebrará la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por la diputada, y ex consejera de la magistratura, Diana Conti.