Bye bye cautelares

“Hay que terminar con el negocio y la inmoralidad de las medidas cautelares eternas. (…) Esa regulación vinculada a los procedimientos judiciales contra el Estado no es un deber nuevo, porque ya la han hecho todas las provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires a través de los respectivos códigos de procedimiento contencioso administrativo”, explicó este jueves ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado, el ministro de Justicia, Julio Alak.

 

El funcionario se refería, más precisamente, al proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo en el cual se prevé una nueva regulación en torno a la presentación de medidas cautelares en contra del Estado. La iniciativa tuvo dictamen del oficialismo y  fue uno de los proyectos que más cosechó las severas críticas de parte de legisladores de la oposición.

 

En su exposición Alak manifestó que “los grupos económicos hacen lo imposible para que las normas de derecho público no sean actualizadas, porque prefieren un Estado bobo e incapaz de defenderse”.

 

La propuesta del Ejecutivo expresa nuevos límites temporales, como el hecho de que las cautelares no podrán tener una vigencia mayor a los seis meses. En tanto, estos límites estipulados “no procederán” cuando “la medida cautelar tenga por objeto la vida o la salud de la persona o un derecho de naturaleza alimentaria”.

 

Mientras se daban las primeras discusiones e intervenciones en torno al proyecto, legisladores de la oposición presentaron un posicionamiento formal ante estas iniciativas: “Detrás del título meramente retórico de “democratizar la justicia” se esconde un intento de suprimir la independencia de los jueces, modificando el régimen republicano que establece la Constitución, en perjuicio de las libertades y derechos de todos los ciudadanos argentinos”.

 

“Cuando la Presidente decía: “Vamos por todo”, no mentía. Le toca ahora el turno al último resguardo de los derechos y garantías; la Justicia”, consigna el comunicado emitido por los integrantes del Congreso.

 

“Los cambios propuestos en el Consejo de la Magistratura transforman a este organismo en dependiente de mayorías circunstanciales, y persiguen la finalidad de que el gobierno pueda designar y remover a los jueces que desee, además de quitarle los recursos a la Corte Suprema de Justicia para controlarlos por otra vía”, apunta el comunicado.

 

Por otra parte, y en torno al proyecto, el secretario de Justicia de la nación, Julián Álvarez, manifestó que “la causa Clarín es muy interesante como caso de estudio. Ahí se pueden observar muchos mecanismos oscuros, la opacidad del Derecho a través de un lenguaje en el sistema judicial argentino que es decimonónico y que no está a la alturas de las circunstancias del siglo XXI”.

 

Al mismo tiempo, Álvarez agregó que el proyecto de “Ley de Medidas Cautelares que tiene una serie de requisitos y formalidades dinámicas, establece excepciones absolutas a estas restricciones que se dictan para el ordenamiento de las cautelares”.