El debate ahora es académico

La comunidad académica se sumó a la discusión por la reforma judicial. Las primeras casas de altos estudios que se refirieron al asunto fueron la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de manera explícita, y la de la Universidad de Palermo, que organizó un debate al respecto.


"Preocupación" en la UBA

El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA emitió una declaración “a raíz de los proyectos sobre Reforma Judicial ingresados en el Senado de la Nación”, en el cual manifiesta que la facultad “por mandato estatutario, es un espacio en el que se debate sobre las instituciones estatales, con miras a garantizar la plena vigencia del estado de derecho y los derechos humanos”.

Desde ese lugar, se afirmó “la necesidad de reflexionar acerca del Poder Judicial”, y se llamó “a la sociedad y a los legisladores a un debate robusto, vigoroso y desinhibido”.

Según los firmantes, los proyectos de ley presentados “contienen elementos preocupantes”, que se deben debatir.

“La idea general del proyecto sobre medidas cautelares apunta más a custodiar los intereses del Estado que a tutelar los derechos de las personas. No asume una perspectiva de derechos humanos, que hoy es esencial para toda legislación democrática y, por ello, desconoce las obligaciones contraídas en virtud de tratados de derechos humanos con rango constitucional”, destacó el comunicado.

En ese sentido, se expresó que “en caso de conflicto entre los derechos humanos y razones basadas en el interés general o el bien común, la perspectiva de derechos humanos afirma la preeminencia de los derechos, también lo hace la Constitución Nacional”.

En ese orden de ideas, “el proyecto asume la visión contraria, que no es novedosa: hace prevalecer el llamado interés general (que usualmente coincide con los intereses del partido de gobierno)”, sostuvo el Consejo.

Según el comunicado, la limitación de las cautelares “ataca los síntomas de un problema real, pero no las causas”, ya que “las medidas cautelares hoy se extienden excesivamente porque los procesos judiciales son demasiado largos, lo que conlleva una masiva denegación de justicia, que generalmente perjudica a las personas y grupos más vulnerables”.

Las críticas continuaron, al afirmarse que se estaría perjudicando “a los ciudadanos cuyos derechos han sido violados por el Estado, al establecer un plazo máximo de seis meses (prorrogable por otros seis) cuando los procedimientos judiciales duran en general varios años”. “El problema es que la idea misma de las medidas cautelares es que duren mientras dure el proceso, si no, no tienen sentido”, se subrayó.

Se hizo referencia al artículo 9 del proyecto presentado, al que se lo calificó de “particularmente preocupante”, ya que el mismo establece que ‘Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias’.

Según el comunicado, “resulta difícil imaginar una medida cautelar que ordene salvaguardar un derecho humano de los ciudadanos, que en muchos casos implica la provisión de servicios, que no requiera afectar en manera alguna los recursos del Estado”.

Sobre el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura, se señaló que “a partir de la reforma, todas las decisiones podrían ser adoptadas por mayorías absolutas, esto es, por la mitad más uno de los votos. Esto implica avasallar la pluralidad de voces del órgano”.

Al respecto se sostuvo que “la exigencia de mayorías agravadas (2/3, por ejemplo) incentiva la búsqueda de acuerdos. El compromiso con la democratización no puede reducirse a un sistema electoral”. Para los declarantes, la democracia “es centralmente también diálogo, consenso y compromiso”, por ello con el proyecto “se erradica toda semilla de consenso en el gobierno del Poder Judicial”.

“Esto se agrava dado que la fuerza que obtenga la mayor cantidad de votos en las elecciones directas de consejeros obtendrá automáticamente la mayoría absoluta en el Consejo”.

El Consejo directivo de la Facultad de Ferecho de la UBA advierte que el artículo 114 de la Constitución Nacional “es susceptible de interpretación sin embargo”, pero sin embargo, “tal interpretación encuentra límites que no incluyen una reforma constitucional por esta vía”.

A su turno, en relación al otro proyecto que generó impugnaciones de diferentes ámbitos, el de la creación de las Cámaras de Casación. La UBA destacó que “extiende los procedimientos judiciales, dificultando el acceso a la Justicia de los ciudadanos”, y que además “resulta contradictorio con los fundamentos expuestos en el proyecto sobre medidas cautelares donde se observa que los procedimientos duran demasiado”.

“Igualmente contradictorio con el afán de asegurar un amplio acceso de asuntos y sujetos a la Justicia, y una tutela oportuna de los derechos de las personas, es la distracción de recursos indispensables para satisfacer necesidades largamente conocidas y reiteradamente expresadas de creación de más unidades que aseguren inmediatez del juez y las partes y celeridad en las resoluciones”, señaló la declaración.

Los integrantes del Consejo, advierten con preocupación “la creación de nuevas instancias que facilitan la injerencia de otros poderes sobre las decisiones de aquellos que circunstancialmente quedan sometidos a su arbitrio durante la tramitación de sus concursos”.

“Por ello, la Facultad se propone como ámbito del debate y convoca a los aportes y contribuciones de toda la comunidad académica”, concluyó.

La UP no se pronunció, pero busca el debate

Si bien no emitió comunicado alguno, ni exteriorizó alguna postura a favor o en contra de los proyectos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo organizó una serie de talleres, con el rótulo de “Hacia un giro reflexivo en la democratización de la Justicia. Crisis de legitimidad, democratización y actores sociales”.

Se celebrará los días 30 de abril y 8 de mayo, en la sede de la Facultad, con la presencia como expositores de los periodistas Hugo Alconada Moon y Romina Manguel: los fiscales Marcelo Colombo y Federico Delgado y el académico Máximo Lanusse Noguera.

Según la web de la Facultad, se propone la realización de un taller “destinado a repensar la administración de Justicia volcando la mirada hacia los distintos actores sociales”, tales como “los operadores jurídicos y su sentido práctico, el modo en que conciben el trabajo que hacen, sus limitaciones y posibilidades de acción”, la mirada periodística “que proyecta su visión de la administración de justicia al resto de la sociedad”, la sociedad civil, “acostumbrada a un rol de espectador que exige, juzga, demanda, pero no participa ni es invitada a participar”, y por último “el rol de las organizaciones no gubernamentales”.

El centro del debate, sin dudas, será la “democratización del sistema judicial”, “que como sintagma converge en varias perspectivas que pujan por identificar el diseño institucional más adecuado para la administración de Justicia”.

Igualmente, se remarcó a continuación que la palabra“democratización”, “se presenta con un grado de ambigüedad tal que agrega un problema más a una discusión ya de por sí compleja. Para ello es necesario reducir el nivel de abstracción en la discusión para percibir con mayor nitidez de qué estamos hablando”.

También se subrayó, como crítica constructiva, que “también está ausente un análisis específico sobre los aspectos que pone en movimiento el Poder Judicial (juzgados, defensorías, fiscalías, abogados, fuerzas de seguridad, etc.)”.

Se enfatizó, asimismo, que “el debate atraviesa una pluralidad de actores directa o indirectamente relacionados con la cosa judicial, pero no se aprecia una presencia articulada de los estudiantes y de las personas que a diario trabajan en el ámbito de la justicia, aquellos que aún sin el capital simbólico suficiente para predominar en el ‘espacio de aparición’ en definitiva hacen a la operación concreta de la ley”.

Por el momento, fueron las únicas Facultades de Derecho que aportaron al debate, a la espera de que otras más se sumen.