04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Brevatas

Se reglamentó la Ley de Salud Mental | Piden a la Corte Suprema “avocarse” a resolver amparos sobre la reforma judicial | Elaskar y Fariña a indagatoria en Comodoro Py

 

El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 26.657

Por medio del Decreto 603/2013, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó la reglamentación de la 26.657 de la Ley de Salud Mental, entre sus considerandos, se expresó que en la ley "prevalecen especialmente,los derechos de toda persona a la mejor atención disponible en salud mental y adicciones, al trato digno, respetuoso y equitativo, propugnándose la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar el derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con modalidades de atención basadas en la comunidad, entendiendo a la internación como una medida restrictiva que sólo debe ser aplicada como último recurso terapéutico". Se estableció la creación de la "Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones", y se definieron las tareas que llevará a cabo la autoridad de aplicación.

Solicitan tratamiento urgente

La Asamblea Permanente en Defensa de la Constitución (APDC), una de las tantas organizaciones o personas que presentaron amparos ante la Justicia, presentó este miércoles una solicitud de “avocación” para que el máximo tribunal se expida y resuelva de “manera urgente” el amparo presentado por la organización contra la ley que modificó al Consejo de la Magistratura y que se encuentra en el juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, cuyo titular es Pablo Cayssials.

Citan a indagatoria a Elaskar y Fariña

El juez federal Sebastián Casanello decidió, este miércoles, citar a indagatoria a Federico Elaskar y Leonel Fariña en la causa que investiga el presunto lavado de dinero relacionado con empresarios cercanos al kirchnerismo. De acorde al pedido del fiscal Ramiro González, la cita será el próximo lunes a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py. La decisión del fiscal fue tomada a raíz de la aparición de reportes de operaciones sospechosas realizados por la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que depende del Ministerio de Justicia.

 



dju

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