Los consejeros fundamentaron su dictamen en torno a 10 de los cargos que se le imputan a Leiva y que configuran el presunto mal desempeño en su función. Entre ellos el expediente que tuvo como principal implicado al ex banquero Raúl Moneta por las presuntas figuras delictivas de “subversión económica”, por el cierre de los Bancos Mendoza y República. En dicha causa le cuestionan al magistrado federal el presunto “manejo” que habría realizado para quedarse con la causa del Banco Mendoza en la que aparentemente había realizado un trámite calificado como “anormal” -según voceros de los consejeros- para retener la competencia del expediente que la Corte Suprema, ante el planteo de competencia presentado por la defensa de Moneta, le adjudicó al juez federal Gustavo Literas.
También Leiva está acusado por su presunta actuación “irregular” en una causa denominada “Dïaz Valdez” en la que dejó libre sin caución a un ciudadano chileno acusado de contrabando de combustible. A raíz de ello, el ciudadano habría viajado a su país pero al dictar su orden de captura no fue posible encontrarlo.
Chaya y Pichetto también acusaron al magistrado por la causa “Alpina Motors” por presunto contrabando de automóviles provenientes –en tránsito- desde Chile con origen en Francia y destino final a la Argentina o Bolivia.
En esta causa se le imputa a Leiva haber fijado cauciones extremadamente bajas en comparación con las que estableció en casos similares de otras firmas, todas radicadas en Mendoza.
Por otra parte también se le imputó al magistrado irregularidades en una causa por presunto contrabando de maletines de origen chilenos, con la finalidad de ofrecerlos como obsequio en un congreso de jueces federales realizado en la provincia mendocina; haber ordenado la detención de un menor en una cárcel de mayores y la irregularidad en la entrega de un automóvil de una persona detenida a otra que no acreditó debidamente la documentación para acceder al auto.
Asimismo, entre las causales de juicio político contra Leiva, figura el caso de las escuchas telefónicas ordenados por este magistrado contra 60 personas durante seis meses en una causa en la que investigaba en su propio juzgado un presunto complot en su contra. También se le imputa la compra de un lote de 1000 metros cuadrados en la localidad de Chacras de Coria de Mendoza, por un valor de 16.000 dólares cuando el valor de mercado ascendía a unos 42.000.
Temas relacionados:
Leiva vs Moneta, round 35 12/12/2000