Tres ministerios crearon una Comisión Médica interjurisdiccional para evaluar el estado de salud de los detenidos por delitos de lesa humanidad. Fue luego de que escaparan del Hospital Militar Central los ex represores condenados, Gustavo De Marchi y Jorge Olivera.
Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Defensa y Salud firmaron un convenio mediante el cual crearon una comisión médica interjurisdiccional a los fines de evaluar el estado de salud de los detenidos por delitos de lesa humanidad que se encuentran internados en el Hospital Militar Central, así como, en el resto de los centros hospitalarios que dependen de las Fuerzas Armadas.
El objetivo de la comisión es “determinar el estado de salud de cada uno de los internos y elevar un informe médico que permita determinar si deben permanecer en dichos centros asistenciales o pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza o regresar a las unidades penales correspondientes” informaron desde la cartera de Justicia. Ese informe será remitido a los jueces correspondientes a los fines de que tomen las medidas judiciales pertinentes.
La medida llega luego de que la semana pasada dos represores se fugaran del mencionado hospital. Se trata de Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, condenados por crímenes de lesa humanidad, que se fugaron el jueves pasado del Hospital Militar Central “Cosme Argerich” de esta ciudad.
Actualmente el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 2 millones de pesos para quienes “quienes aporten datos fehacientes que favorezcan la captura de los represores”.
Además de la comisión, desde la cartera de Justicia, se ordenó mediante una resolución ministerial al Servicio Penitenciario Federal a (SPF) a que “no trasladen detenidos procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad al Hospital Militar Central de esta ciudad”.
“Las personas privadas de la libertad por esos motivos que estén alojadas en unidades penitenciarias federales deben ser derivadas, para ser sometidas a tratamientos médicos autorizados por la Justicia, al Hospital Penitenciario Central I, el cual está dotado de personal y equipamiento en especialidades médicas de alta y mediana complejidad, así como de una adecuada infraestructura de seguridad penitenciaria”, informaron desde el ministerio.
En consonancia con ello, el ministro Julio Alak, le solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que dicte una acordada a través de la cual instruya a los tribunales inferiores para que no se dispongan traslados de civiles o militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad al Hospital Militar Central.
“Se ha advertido que gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y traslado”, consigna la nota enviada por Alak.