La Declaración de Buenos Aires reconoció que en los países de la región las personas privadas de la libertad siguen sufriendo “torturas y otros malos tratos”. Los principales desafíos que enfrenta la prevención de la tortura.
La semana pasada se realizaron en Buenos Aires las Primeras Jornadas sobre la Prevención de la Tortura en el Cono Sur. Tras las mismas se elaboró la Declaración de Buenos Aires en la que los países que intervinieron reconocieron que aún “las personas privadas de libertad en los lugares de encierro de nuestros países siguen sufriendo tortura y otros malos tratos”.
Durante las jornadas que se realizaron entre el 14 y el 16 de agosto pasado los representantes identificaron los “principales desafíos” que enfrenta la prevención de la tortura en los países de la región. Asimismo, permitió la posibilidad de “explorar soluciones y acciones en base a las experiencias exitosas compartidas...”.
En este sentido, se elaboró una declaración conjunta en la que se detallaron y reconocieron diversas similitudes y, a su vez, recomendaron acciones para que los Estado realizan en la lucha contra la tortura.
La declaración, a la que tuvo acceso DiarioJudicial.com, llama a la “pronta implementación de los Mecanismos Nacionales y Locales de Prevención de la Tortura”. Asimismo se destaca que estos mecanismos deben tener garantizado “la independencia de funcionamiento, financiera y de personal”.
En cuanto a las recomendaciones, las conclusiones de las jornadas concertaron la necesidad de “Impulsar la democratización de los espacios de encierro” y la “profesionalización ámbitos multidisciplinarios de todo funcionario que trabaje con personas privadas de la libertad”.
Asimismo, se sostuvo la necesidad de “crear una carrera profesional de carácter civil con perspectivas integral en derechos humanos destinada al cuerpo de funcionarios de las fuerzas de seguridad”.
En la región se detectó que existe “ausencia de controles internos y externos efectivos dentro de las fuerzas de seguridad o a cargo de sus responsables políticos”. También se mencionó las dificultades de los abogados abogados, defensores, médicos independientes y autoridades en general a los lugares de encierro.
Otro de los puntos en común es la “militarización y estructura jerárquica de las fuerzas de seguridad” que, destaca la declaración, “habilita la permanencia de rutinas y prácticas enraizadas de tortura y malos tratos”.
A esto se suma situaciones conocidas en cárceles de nuestro país y que son comunes a las de la región, como ser la “las crisis de los sistemas penitenciarios: hacinamiento, condiciones inhumanas de detención, extendida corrupción, violencia intracarcelaria y la ausencia del Estado en el control de gestión de los lugares de privación de la libertad”.
De las jornadas participaron autoridades gubernamentales y estatales, organismos internacionales, representantes de la sociedad civil y de instituciones nacionales de derechos humanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.