Fuentes cercanas a los funcionarios presentes en el mitin, que comenzó después de las tres de la tarde, aseguraron a Diariojudicial.com que cada vez estaba más lejana la posibilidad del dictado de un decreto de necesidad y urgencia, y a muchos más kilómetros de distancia una potencial conmutación de penas o un indulto.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que comanda Jorge De la Rúa, se difundió hoy a primera hora un comunicado en el que se anuncia que se centralizarán las acciones tendientes al resguardo de la salud de los presos en huelga de hambre desde hace 110 días. Y que se hará cargo el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Álvaro Ruiz Moreno.
La lectura en la que coinciden todas las fuentes consultadas en la cartera de Justicia es que se empiezan a tomar las medidas necesarias para resguardar la responsabilidad del Estado, ya que tras las definiciones de la Corte, el Ejecutivo no tendría demasiado margen para actuar.
El presidente De la Rúa ha rechazado en innumerable cantidad de oportunidades el ejercicio de su facultad de otorgar un perdón a quienes atacaron las instituciones durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, mientras que no tendría ningún sentido dictar un decreto de necesidad y urgencia que fue definido por el Máximo Tribunal –en su fallo de ayer- como posible en lo teórico, pero irreal desde un punto de vista fáctico. La Carta Magna prohíbe al Ejecutivo legislar en materia penal, y la opinión del Procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, es que la prohibición englobaría también lo procesal penal.
Todas las medidas que ha tomado hoy el Gobierno tienden a paliar las potenciales consecuencias de la huelga de hambre. Ruiz Moreno, a través del comunicado, salió a decir que “el parte elevado por el Servicio Penitenciario Federal, al día 20 de diciembre, señala que los internos tienen un estado compatible con equilibrio hemodinámico”; y lo completa con la situación médica de cada uno de los presos y con cada una de las medidas que se fueron tomando desde el Poder Ejecutivo desde junio a la fecha.
Pero hoy además comenzaron a circular rumores confiables acerca de la posibilidad de pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un nuevo informe en el que se reconozca que el Estado argentino, a través del Ejecutivo, “ha hecho lo que no hicieron los presos”, aunque de ninguna manera, según las fuentes consultadas, sería borrar la recomendación de 1997.
En cuanto al fallo de la Corte que rechazó el recurso de queja impulsado por Marcer, el jefe de los abogados del Estado, las mismas voces aseguran que la decisión de la mayoría –redactada por el ministro Augusto Belluscio- no era esperada, y que todavía quedaban esperanzas a pesar del dictamen en contra del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra.
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