La Cámara Alta santafesina dio media sanción a un proyecto de ley del senador Eduardo Rosconi que prevé que las causas por narcomenudeo sean llevadas adelante por la Justicia provincial.
En Santa Fe los problemas con el narcotráfico han llevado a conflictos poco usuales con sus cúpulas policiales. Hugo Tognoli, titular de los uniformados provinciales, renunció después de las pruebas que lo vinculaban con una red de traficantes de droga que operaban en ese territorio. Al mismo tiempo, y a raíz de ese caso, surgieron muchos señalamientos y nuevas acusaciones contra otros miembros de la institución.
En orden a brindar una respuesta ante esta serie de noticias adversas, los miembros de la Cámara Alta santafesina dieron media sanción a un proyecto de ley elaborado por el senador Eduardo Rosconi en el que propone que las causas de narcomenudeo sean tomadas por la Justicia provincial.
De esta forma, Santa Fe estaría a punto (dado que el proyecto generó un buen consenso) de adherir a la ley nacional 26.052, en donde se contempla que los Tribunales provinciales se hagan cargo de los delitos establecidos en la ley de estupefacientes 23.737, en orden a la venta minorista de droga.
Este debate ya había sido llevado a cabo en varias ocasiones en la legislatura provincial, pero por diferentes razones nunca se había llegado a un proyecto consensuado, hasta esta semana.
La iniciativa propone que “siendo de competencia de la Justicia provincial aquellas acciones delictivas donde se comercie, entregue, suministre y facilite drogas fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumo”, se podrá “cortar el camino de la venta de droga y buscar a los adictos para recuperarlos, no para meterlos presos”.
Al mismo tiempo, el proyecto establece que “el Poder Ejecutivo gestionará, de conformidad al artículo quinto de la ley nacional 26.052, la transferencia a la provincia de Santa Fe de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia”. Al mismo tiempo, “la presente ley entrará en vigencia a los 180 días de su aprobación”.
“El objetivo ha sido, sin duda, posibilitar una mejor persecución de los delitos relativos al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, tratando de abarcar todo el circuito económico del tráfico ilícito. En tal sentido, se optó por dejar en la jurisdicción federal los delitos más graves, que son aquellos que exigen una cierta organización o que forman parte de la cadena del tráfico ilícito, permitiendo el juzgamiento de los delitos de tráfico en menor escala a las justicias provinciales que adhieran a la ley 26.052”, explicó Rosconi.