La Procuración General de la Nación creó un área que investigará los casos de corrupción de las fuerzas de seguridad. El área funcionará dentro de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin).
Mediante una resolución la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó un área que investigará los casos de corrupción de las fuerzas de seguridad. Se trata del área de "Corrupción en las fuerzas de seguridad" que dependerá de la flamante Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin).
El área, detalla la resolución 1778/2013, tiene por objetivo investigar "la obtención de beneficios patrimoniales y enriquecimiento ilícito de agentes en distinto nivel jerárquico" y será coordinada por un integrante de la Procuraduría y su titular, Abel Córdoba.
"Es imprescindible orientar la actividad requirente a las diversas manifestaciones de la ilicitud cometida desde las fuerzas de seguridad, considerando las características de la organización institucional, en particular, la verticalidad y las representaciones de los factores de poder dentro de ésta", detalla la resolución firmada el pasado 10 de septiembre.
Córdoba, titular del Procuvin será el encargado de definir "las estrategias de intervención, coordinación y evaluación de la actuación fiscal en la materia", informaron desde la procuración.
De acuerdo a la actual estructura de la procuradoría, esta nueva área se sumará a otras dos ya existentes, que son las áreas de "Violencia en instituciones de encierro" y "Violencia policial" que ya se encuentran funcionando.
"Se debe atender a la victimización de personas con escasa capacidad de reacción frente al sistema penal, el acrecentamiento ilegal de poder a favor de funcionarios públicos, la obtención de beneficios patrimoniales y enriquecimiento ilícito de agentes en distinto nivel jerárquico, y un impacto diferenciado del gobierno policial hacia distintos colectivos sociales”, consigna la resolución.
Y concluye: “como también la regulación arbitraria e ilegal de estructuras delictuales en función de intereses corporativos contrarios a la razón de existencia de las fuerzas de seguridad".