El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó la denuncia penal ante la fiscal Virginia Bravo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº7 de la ciudad de La Plata. El pasado 2 de noviembre, y en el marco de una interpelación a la que fue sometido por la Cámara de Senadores de la provincia, Verón respondió a varias preguntas vinculadas al trato que reciben menores en la provincia por parte del personal de las fuerzas de seguridad a su cargo.
Al referirse a la existencia de 31 denuncias por el delito de tortura a menores de edad por funcionarios policiales, el ministro dio públicamente el nombre de diez menores de edad, presuntamente víctimas de los delitos de apremio y torturas, e hizo mención expresa sobre detalles de las causas penales en que éstos se encontraban siendo investigados como supuestos autores: número de la causa penal, juzgado interviniente y delito que se les imputaba.
Según informaron desde el CELS, la difusión de esta información fue absolutamente innecesaria, ya que la pregunta dirigida al ministro se refería a cuáles habían sido las medidas implementadas por su ministerio ante el aumento creciente de las torturas en comisarías, “que podría haber sido contestada sin hacer mención expresa a los nombres y detalles de las causas judiciales en que se encontraban involucrados los menores”, dijeron voceros del organismo defensor de los derechos humanos.
Los hechos ocurrieron en un ámbito público: el recinto de la Cámara de Senadores de la provincia, ante 41 senadores, 3 secretarios, personal de la Cámara, público en general y representantes de diversos medios de comunicación locales, provinciales y nacionales, entre muchas otras personas.
La obligación de mantener en secreto la identidad de los menores involucrados en causas judiciales, con independencia de la condición jurídica de los menores involucrados, surge de lo establecido por el artículo 18 del decreto-ley 10.067/83 de la Provincia de Buenos Aires. La norma guarda conformidad con los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que preservan a los niños de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, honra y reputación.