El Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias emitió una nueva recomendación en la que solicitó el derecho a defensa de los internos en el proceso disciplinario dentro de una cárcel. Asimismo le sugirió al Ministro de Justicia hacer cambios en el reglamento de disciplina.
En la segunda recomendación elaborada desde su creación el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias se solicitó asegurar el derecho a defensa de los internos en el proceso disciplinario.
Según se desprende de la recomendación II/2013, firmada el pasado 30 de octubre por los integrantes del sistema, se trata de garantizar una efectiva asistencia técnica en los sumarios disciplinarios del sistema carcelario.
Asimismo, ante el inicio de un sumario recomendaron al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que comunique “de manera inmediata al juez interviniente y al defensor público oficial o al letrado particular que asista al interno”.
Es que ante “los datos de la realidad revelan que el ámbito disciplinario penitenciario ha tenido espacios para la arbitrariedad y una absoluta falta de controles que, en la mayoría de los casos, los internos carecen de asistencia técnica durante ese procedimiento”, consigna la recomendación.
Por lo que “tanto la medida de aislamiento provisional como las sanciones que en definitiva se imponen no son notificadas oportunamente a los jueces y defensores, es decir, que comienzan a ejecutarse antes de ser controladas judicialmente”.
Asimismo, aconsejaron que “la facultad que el artículo 96 de la ley 24.660 otorga al juez de ejecución o juez competente, de disponer efecto suspensivo de las sanciones hasta que ellos resuelvan acerca de su validez, debe extenderse a todas las sanciones disciplinarias, y no sólo a las que sean eventualmente recurridas”.
El Sistema está integrado por la Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal; su Subcomisión, compuesta por jueces de tribunales orales; los jueces a cargo de las respectivas comisiones de Cárceles de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; los jueces nacionales de Ejecución Penal; representantes de la Procuración General de la Nación y de la Defensoría General de la Nación; representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación; representantes del CELS y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que intervienen en carácter de miembros consultivos.
El objetivo principal del sistema es proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad, destacando el valor de la persona humana como objeto de tutela.
El documento fue firmado, entre otros, por por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y el Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo.