Así lo detalla el informe realizado por organizaciones no gubernamentales que llevan adelante la "Campaña Nacional en favor de la Neutralidad Religiosa del Poder Judicial". La iniciativa impulsada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Pensamiento Penal (APP) “continuará en todo el país”, informaron.
En septiembre pasado la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Pensamiento Penal (APP) lanzaron la "Campaña Nacional en favor de la Neutralidad Religiosa del Poder Judicial” con el objetivo de “promover la laicidad estatal e imparcialidad judicial, como el derecho de las personas a ser tratadas igualitariamente, sin discriminaciones fundadas en motivos religiosos”.
El pasado 25 de noviembre, en el día de la Libertad Religiosa, las organizaciones dieron a conocer los resultados preliminares de la campaña. Allí destacaron que “la mayoría de las solicitudes aún no han sido respondidas”. En este sentido la solicitud de las organizaciones fue presentada en 21 tribunales provinciales.
Hasta el momento, sólo las Cortes de Salta y San Luis rechazaron la solicitud. “Salta por razones formales (con la valiosa disidencia de la jueza Susana Kauffman) mientras que “en San Luis aún no fue posible conocer los motivos”.
En el resto de las provincias, la petición sigue a estudio de las Cortes Supremas, “algunas de las cuales opusieron reparos formales (es el caso de Río Negro y San Juan), otras dieron vista al Procurador, asesores, gremios judiciales y/o asociaciones de magistrados”, detallaron.
En cuanto a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, la petición fue presentada en 24 tribunales donde el único tribunal que retiró los símbolos religiosos de su sala de audiencia es el Tribunal Oral de Menores N° 1, conformado por María Cassará, Jorge Apolo y Roberto Durán.
Mientras que otros datos informados explican que cuatro tribunales respondieron que “no exhiben símbolos en sus salas de audiencia”; mientras que otros “diez tribunales no se pronunciaron formalmente sobre el pedido”. En tanto que “cinco comunicaron informalmente que no responderán”; dos lo remitieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros dos rechazaron la solicitud.
Según explicaron desde las organizaciones este informe preliminar marca el final de la primera etapa de la campaña. “En una segunda etapa las asociaciones procurarán obtener respuesta de los tribunales que aún no se han pronunciado y realizar el pedido en las provincias de Jujuy y Santa Cruz donde aún no se ha podido presentar”, explicaron.