Las maniobras de la asociación cobraron estado público a partir de una investigación que realizó el programa "Telenoche investiga". Según explicó el abogado Marcelo Parrili, patrocinante de Martín, Vergez y los directivos de la entidad "se quedaban por sí o por interpósita persona con los inmuebles de los ejecutados, despojándolos así de dinero y propiedades".
La maniobras consistían en brindar asesoramiento a personas que habían sido víctimas de prestamos usurarios a quienes les prometían "protegerlos de la acción de los acreedores y en realidad se quedaban con sus bienes", explicó el letrado. En la denuncia también están involucrados la mujer de Vergez; además de Marcelo Colucho y la abogada Gabriela Fuster, encargada de brindar asistencia legal.