La magistrada entendió que la justicia "no puede constituirse en autoridad de aplicación del control de las fronteras ni sustituir competencias específicas de otros poderes del Estado".
La acción de amparo fue presentada a fines del año pasado por el abogado Carlos José Díaz quien fundó su denuncia en torno a las noticias publicadas por distintos medios respecto del paso del peligroso cargamento que traslada la nave, a punto hoy de ingresar en aguas argentinas rumbo a Japón, en medio de la airada protesta de organizaciones ecologistas como Greenpeace que anunció la partida de uno de sus barcos desde Ushuaia, ante las versiones confusas sobre la localización del "Pacific Swan”.
Díaz solicitó que se dicte una medida cautelar para que "se prohiba de manera efectiva el ingreso a nuestro territorio -incluido las aguas jurisdiccionales- de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".
Asimismo, requirió a la magistrada que solicite informes a la Cancillería y a los gobiernos de Chile, Francia y Japón acerca del conocimiento que tienen del contenido de lo que transporta el buque inglés, ya que se presume se trata de 676 toneladas de desechos nucleares, y también respecto de la "ruta específica" que recorre la nave.
Por otra parte advirtió que "el artículo 41 de la Constitución Nacional prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y radiactivos".
Ante el pronunciamiento favorable de la fiscalía la juez habilitó la feria judicial para resolver el pedido; rechazó el dictado de una medida cautelar y comenzó a analizar la respuesta que el gobierno dio a los reclamos de Díaz en torno a las medidas adoptadas por Prefectura para acompañar el paso del barco por aguas argentinas.