El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, prohibió al gobierno de la Ciudad a utilizar ese nuevo tipo de aulas y ordenó regularizar la situación del edificio de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas.
El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, hizo lugar a una medida cautelar y prohibió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la utilización de “containers” o módulos metálicos para albergar alumnos, de cualquier nivel, en el establecimiento.
Asimismo, para responder a la demanda de vacantes en el establecimiento y priorizar la “prestación del servicio educativo” y “dispuso que las autoridades podrán utilizar los módulos metálicos como áreas sustitutivas de sus despachos o salas de reunión”.
Estableció que “que ninguna obra, división, ampliación, o modificación que se realicen en el establecimiento podrán ser utilizadas sin la previa intervención y consiguiente habilitación de uso emanada de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, División Prevención de Siniestros”.
La medida fue dispuesta en el marco de una acción de amparo iniciada por los padres de un alumno de la institución con el fin de que se subsanen las irregularidades relativas a la situación del edificio escolar.
Específicamente, sobre las aulas conteiner el magistrado fue muy duro. “Todo ello revela una improvisación por parte de las autoridades educativas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de paliar la falta de vacantes y los problemas generados por el nuevo sistema de atribución de las mismas”, dijo.
Sistema que “afecta gravemente el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación en un ambiente adecuado, que pone en riesgo su integridad física, y que por tal razón, no puede ser tolerado”.
El magistrado dispuso también que todas las tareas de refuncionalización y mudanza que resulten necesarias deberán finalizarse con anterioridad al 5 de marzo. De no ser así, se aplicará una multa diaria personal al Ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, equivalente a diez pesos ($10) por cada alumno del establecimiento.