Oyarbide en en centro del ring de los consejeros

“Si usted cree que La Nación y Clarín son los culpables de la inflación se equivoca; si usted cree que La Nación y Clarín son los culpables del desabastecimiento energético se equivoca; si usted cree que esos diarios son culpables de los conflictos salariales se equivoca; les dijimos que se estaban equivocando con esas cuestiones y ahora se lo estamos advirtiendo de nuevo: se van a equivocar si piensan que la opinión pública va a soportar que este tema se extienda en el tiempo”, apuntó el consejero y representante parlamentario de la Unión Cívica Radical (UCR), Oscar Aguad, contra su par del órgano Marcelo Fuentes.

 

Después de que se hiciera público el presunto freno de un allanamiento a una financiera de parte del juez federal Norberto Oyarbide a pedido de Carlos Liuzzi, allegado al secretario Legal y Técnico de la Nación, Carlos Zannini;  el Consejo de la Magistratura trató en su reunión plenaria la posibilidad de suspender al magistrado, a pedido del consejero por los jueces, Alejandro Fargosi.

 

La discusión tuvo diversos vericuetos, pero por cuestiones reglamentarias resultaba imposible llevar a cabo tal pedido. Desde el oficialismo se negaron enfáticamente a llevar a cabo tal tratamiento, y finalmente, alegando que el nuevo presidente del órgano de administración de la Justicia, Alejandro Sánchez Freytes, había dado por finalizada la reunión al leer el último punto de la orden del día, la discusión fue trasladada al próximo jueves para la Comisión de Disciplina y Acusación.

 

El primero en poner de manifiesto la falta de rigor reglamentaria fue Carlos Moreno: “Está muy claro que es incoherente llevar a cabo una suspensión en este caso: Oyarbide (por el juez federal) tiene derecho a la defensa como cualquier otro magistrado. Se puede realizar la citación, se pueden pedir medidas de prueba pero es incongruente suspender a alguien antes de su acusación”.

 

Moreno explicó el procedimiento que normalmente antecede a una suspensión, que radica en la citación a declarar por el artículo 11 del reglamento del Consejo, y en tanto avance el expediente en contra del juez, se realiza un nuevo llamado por el artículo 20, donde se indaga al acusado. Una vez que se llega a la decisión de avanzar con el juicio político, entonces, se puede pedir y poner a consideración una suspensión.

 

Esto fue en respuesta a Fargosi, quien aseguró no temer que nadie acompañe su idea de suspender a Oyarbide debido a que muchas veces se manifestó solo y con todos los votos en contra. Admitió que  la explicación de Moreno era correcta, pero sostuvo su posición: “”Hay que respetar el debido proceso, pero desde que formo parte de este organismo ya he visto decenas de denuncias contra este juez que terminan en la nada y a esta altura me parece inaceptable, por eso pido que se lo suspenda hoy mismo”. Ese hoy mismo fue pronunciado nada menos que a las 20.

 

La discusión también giró en torno a la posibilidad de solicitar medidas de prueba, y probablemente fue el único punto en el que se generó un consenso entre todos los consejeros, debido a que todos reconocieron que el reglamento establece no es necesario ser el consejero informante para llevar a cabo esta acción.

 

Cuando la discusión había elevado definitivamente su tono, el consejero Mario Cimadevilla (UCR) acuró al oficialismo de apañar “la conducta de Oyarbide”. Esto lo hizo dirigiéndose a Manuel Urriza, quien previamente había señalado que no se podía suspender al juez y que la discusión en un principio era si el Plenario se iba a constituir en Comisión para tratar el tema, descartando de esta forma y reglamentariamente el debate sobre la citación por el artículo 11.

 

“Si quieren defenderlo háganlo, pero yo no entro en sus juegos y sus negocios”, espetó Cimadevilla acusando a los consejeros oficialistas, lo que generó un revuelo y la devolución al unísono de parte de sus colegas apuntados por sus declaraciones. Dejaron en claro que la discusión ya había tomado un tono agraviante.

 

Alegando el cierre de la orden del día, y en un punto en el que las acusaciones pasaban por temas relativos a posicionamientos políticos y el desempeño de los consejeros en su rol ante el organismo, se dio por finalizado el debate convocando a la reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación para el próximo jueves a las 10 de la mañana.