Las denuncias por casos de trata de personas con fines de explotación sexual se multiplican y la Justicia, aunque en muchos casos a paso lento y con distintos resultados, avanza en este sentido. Por eso se llevará a cabo el primer juicio oral y público por una causa de estas características en la ciudad de Mar Del Plata.
La denuncia contra el prostíbulo “Dulcinea” se pudo llevar a cabo gracias al valiente testimonio de una de las afectadas, quien brindó los elementos para entablar la demanda por engaño, servidumbre y amenazas. A esa situación se enfrentó la joven que se vio privada de su libertad en el local manejado por Jorge Daniel Sánchez junto a su mujer Orfelina Valdez Montero, y su hijo Fernando Manuel Sánchez.
A ellos se los juzgará por ser autores penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Ellos se encargaban de manejar el negocio, pero además captaban a las víctimas y las llevaban hasta el local que regenteaban, donde eran reducidas a la servidumbre.
El Tribunal Oral Federal marplatense está integrado por Néstor Parra, Eduardo Jiménez y Roberto Falcone. El fiscal de la causa es Juan Manuel Pettigiani. Otra denuncia que acompañó el caso fue llevada por la fundación La Alameda, con una víctima de identidad reservada, y ambos testimonios lograron que se lleven a cabo nueve allanamientos que culminaron con el procesamiento de los implicados.
También está implicado Claudio Campo, un policía integrante de la Dirección de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas, quién se encuentra bajo prisión preventiva. Está calificado como autor primario de los hechos, ya que se encargaba de intimidar a las víctimas, a quienes además les cobraba una suma de dinero para avisar acerca de “presuntos controles migratorios”.
Eugenio Iacovone, Roberto Montecchia y Rubén Mormando también fueron señalados como partícipes secundarios de los delitos de trata y de violación a la Ley de Migraciones. Según consta en la denuncia, estos hombres se aprovecharon de las mujeres realizando trámites migratorios irregulares y aprovechando la situación de vulnerabilidad que atravesaban algunas de ellas.
También fue removido de su cargo Fernando Scarpatti, titular de la Delegación Regional de Migraciones, quien falleció mientras se llevaba a cabo la investigación durante la cual su oficina fue allanada en varias oportunidades en búsqueda de documentación relacionada a los trámites fraudulentos para registrar a las mujeres víctimas de la trata.
La situación en la que se encontraban las víctimas era infrahumana: vivían en la misma habitación en la que “atendían” a los clientes, y trabajaban en dos turnos durante los siete días de la semana. La vulnerabilidad de las mujeres fue comprobada por la Justicia al aceptar las evidencias que mostraban estos cuadros desoladores.
dju
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