"Se necesitan herramientas procesales rápidas y castigos inevitables para quienes cometen delitos. El sistema está claramente desbordado y esto provoca una demora de la respuesta, con la consiguiente sensación de impunidad que se genera en la sociedad", abrió la discusión hace tres semanas el senador Pedro Gusastavino (FpV), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
El legislador hizo referencia, entonces, a la necesidad de reformar el Código Procesal Penal, abriendo el debate para un tema que tuvo bastante consenso entre los diferentes bloques que componen el órgano congresal. Son tres proyectos los que se presentaron ante este espacio que buscan avanzar en este sentido: uno de Eugenio “Nito” Artaza (UCR), otro de Ernesto Sanz (UCR) y un tercero del propio Guastavino.
Por estos motivos, y de acorde a las discusiones que ya se mantuvieron al respecto, los senadores coincidieron en el consenso con respecto al avance de un dictamen que permita llevar la discusión al pleno de la Cámara Alta. En este marco, Claudia Mizawak, titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, realizó una exposición ante los integrantes de la Comisión sobre la experiencia que llevaron a cabo en su provincia cuando reformaron el Código Procesal Penal local.
Entre otras cosas, la magistrada destacó que el cambio aplicado en la provincia mesopotámica implicó una agilización en los procesos y ayudó al Ministerio Público a que actúe con mayor libertad. Además, remarcó el “protagonismo” de las víctimas, impulsado por esta reforma.
Otro de los puntos que destacó Mizawak con respecto a las innovaciones del nuevo Código Procesal es la celeridad que adquirieron los procesos: los expedientes que antes demoraban hasta cuatro años en llegar a juicio hoy pueden resolverse enteramente en cerca de seis meses. Esto ayudó profundamente a evitar una gran crisis de acumulamiento de causas.
Además de la innovación en términos de resolución de conflictos de forma alternativa, el Ministerio Público también tiene la facultad de elegir qué casos seguir, con la idea de ponderar los delitos de importancia que requieran de la intervención del organismo estatal de la administración de Justicia.
Guastavino cerró el encuentro señalando que buscan consensuar un proyecto común: “El debate que estamos dando en el Senado, con el aporte de especialistas y enriquecido con la visión de distintos sectores, es el camino adecuado para lograrlo. La decisión de avanzar en el diseño de un nuevo Código, la posibilidad de debatir, es en sí misma una medida valiosa para nuestra sociedad y nuestras instituciones”.
dju
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