El motín ocurrió el 4 de febrero de 1996 cuando Sandra Leonor Flores, de 28 años, se desempeñaba como Oficial Penitenciaria en el penal de Ezeiza, y un grupo de reclusas organizó una revuelta que se prolongó por seis días.
En ese episodio, Flores fue tomada como rehén y si bien admitió no haber recibido lesiones, ni abusos físicos, declaró haber vivido “momentos de gran tensión” que provocaron que debiera abandonar el SPF luego de que los médicos reconocieran su incapacidad para continuar con sus servicios. La ex agente promovió una demanda contra el Ministerio de Justicia y obtuvo una sentencia a favor en primera instancia por los rubros de “daños psicológicos, moral, medicamentos y pérdida de chance”, pero el Estado apeló y el expediente llegó a la Cámara en lo Civil y Comercial.
En su apelación, el Estado rechazó las condenas por pérdida de chance que son los ascensos que hubiera obtenido Flores si hubiera continuado en ejercicio porque según alegó, se le otorgó a la demandante una indemnización especial basada en 30 salarios del máximo cargo (Inspector General) por lo que luego de su retiro pasó a cobrar un salario superior al que tenía en actividad. También se opuso a la condena por gastos de medicamentos ya que según dijo, éstos deberían ser proporcionados y cubiertos por la Obra Social.
Sin embargo, la Sala III de la Cámara reconoció los derechos de Flores de elegir los médicos con quien tratarse así como también avaló su reclamo por las posibilidades de ascenso que hubiera tenido en el SPF.
Con el voto favorable de los camaristas Octavio Amadeo y Eugenio Bulygin, el Tribunal fijó la indemnización en más de 200 mil pesos divididos en: 50 mil pesos por daño moral y 46 mil por pérdida de chance más los intereses computados, desde que pasó el hecho.