La reforma de la Ley de Extranjería, aprobada definitivamente por el Senado el 14 de diciembre, consagra como infracción grave el vivir irregularmente en España o trabajar sin permiso. Los extranjeros que sean hallados en estas circunstancias podrán ser expulsados de forma preferente en 48 horas o en 72 horas si se les aplica el procedimiento ordinario. Con la ley vigente hasta ayer, ambas circunstancias sólo acarreaban multas a los inmigrantes.
La expulsión de extranjeros, en la práctica, no es tan sencilla, ya que requiere que el país de origen de inmigrante lo reconozca como ciudadano suyo, lo que impide la devolución a sus territorios natales de miles de irregulares. En la actualidad sólo Marruecos tiene firmado un acuerdo que permite la devolución inmediata, aunque el Gobierno español no ha perdido el tiempo. En las últimas fechas ha negociado convenios de repatriación con los países con mayor flujo de emigrantes hacia España y está previsto que en breve estén suscritos con Nigeria, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Rumania, Polonia y Senegal.
La Ley ha llevado el temor a los 90.000 inmigrantes a los que el Gobierno rechazó su solicitud de documentación en el proceso de regularización que acabó el 21 de diciembre.
El Ejecutivo, no obstante, ha insistido en las últimas semanas en que no iba a abrir una "cacería de inmigrantes". De hecho, la direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil aseguraron ayer que no habían recibido "ninguna instrucción" para aumentar la presión sobre los irregulares.
En una encuesta realizada, la mayoría de los españoles rechazó la expulsión. El 67% de los consultados opinó que el Gobierno debe regularizarlos para que se queden legalmente en España y sólo un 18% optó por la expulsión.
El rechazo a la reforma fue rubricado ayer por socialistas, sindicatos, ONG y por algunos gobiernos regionales. La crítica general consiste en que se deja sin derechos fundamentales a miles de personas que ya están aquí, al tiempo que se les condena a la marginación por la imposibilidad de trabajar legalmente.