“El fenómeno de la violencia institucional hay que visibilizarlo, porque la ocultación de los fenómenos garantizan su continuidad. (...) Los mismos que quieren llenar las cárceles al final se van a encontrar con un problema mayor, que no responde al principio progresivo que la pena, es decir, la recuperación del individuo”, señaló el ex magistrado español Baltasar Garzón ante una parte de los integrantes del Senado bonaerense.
En estos términos se refirió a la problemática que motivó la presentación del proyecto de ley que prevé la creación de Unidades Fiscales de investigación y Juicio especializadas en delitos vinculados a la Violencia Institucional, presentado por la senadora bonaerense Mónica Macha (Nuevo Encuentro). El juez fue invitado a disertar al respecto y manifestó en torno a varios puntos de esta forma sistematizada de perjudicar a los ciudadanos, que, además, se ve notoriamente acentuada en ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires, como el conurbano.
Garzón tuvo algunas intervenciones muy interesantes, y entre otras cosas, puso de manifiesto que “el Estado de Derecho se legitima cuando se lucha contra los excesos, contra el desconocimiento de los límites, contra el desarrollo institucional de la tortura, el maltrato, el hacinamiento en las instituciones penitenciarias y la falta de garantías en una detención”.
Pero en lo atinente a la iniciativa, el proyecto propone que las unidades tendrán competencia sobre los artículos 79, 80, 89, 90, 91, 141, 142, 142 ter., 143, 144, 144 bis, 144 ter., 144 cuarto, 149 bis, 150, 151, 248, 249, 250, 270 y 277 del Código Penal, y aquellos en los que se denuncie o se sospeche acerca de agentes estatales.
Este alcance se hace extensivo para el “personal que cumpla tareas en servicios y efectores de la salud pública, miembros de las fuerzas de seguridad, del servicio penitenciario y/o integrantes de agencias de seguridad privada, como modalidades de prácticas abusivas e ilegales del poder coercitivo estatal”.
Al mismo tiempo, en la propuesta se explica que la competencia también aplica para los hechos enunciados que sean cometidos tanto en la vía pública como en contextos de encierro o ámbitos privados. También se considerarán encuadrados para los casos contemplados antes la omisión de denuncia, la omisión de promover la persecución.
Estas unidades tendrán asientos en los partidos y localidades de Avellaneda-Lanús, con asiento en Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, San Martín, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Merlo, General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Nicolás de los Arroyos, Trenque Lauquen y Zárate.
En los fundamentos del proyecto se consigna que “las víctimas de la violencia estatal son centralmente jóvenes, varones, y provenientes de los sectores vulnerables de la sociedad -según el informe anual 2012 del Registro Nacional de casos de Tortura y/o Malos Tratos en el 91,8% de los casos registrados las víctimas son hombres y en el 79,9% menores de 34 años-. Además, en la Provincia de Buenos Aires, la violencia institucional alcanza ampliamente a niños y jóvenes”.
“Ciertos casos han tomado repercusión pública y mediática como lo son los de Miguel Brú, Iván Torres, Luciano Arruga, Kiki Lezcano, la Masacre de Budge; sin embargo, inclusive en aquellos hechos, las víctimas y sus familiares deben lidiar contra la burocracia del trámite judicial y con la falta de preparación o la desidia de los operadores judiciales”, recordó la legisladora.
dju
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