Cavallo le ordenó al ministerio de Justicia de la Nación que suspenda la ejecución de las resoluciones por las cuales se creaban esos registros, que se suman a la resolución adoptada por el titular de esa cartera, Jorge De la Rúa, de suspender la creación de esas dependencias en esta capital, Jujuy, Córdoba, La Pampa y La Plata, así como también las designaciones de encargados de los mismos.
El magistrado dispuso la medida "hasta la dilucidación" de presuntas irregularidades que había denunciado el viernes último la oficina a cargo del ex camarista José Massoni, que implica concretamente que "no se creen nuevos registros seccionales de la propiedad automotor, motovehículos, maquinarias agrícolas, industriales o prendarios".
Según explicaron fuentes judiciales cercanas a la investigación, la resolución del magistrado está relacionada con las resoluciones que fueron adoptadas por el Ministerio de Justicia cuando era titular Raúl Granillo Ocampo, correspondientes a "la última etapa del gobierno de Menem", entre noviembre y diciembre de 1999.
"En la presente causa se han detectado innumerables irregularidades en la designación de encargados de registro, las que consisten, sobre todo, en la falta de cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos indispensables para acceder a dicho cargo", sostuvo el juez Cavallo.
La Oficina Anticorrupción había denunciado la presunta existencia de anomalías y pidió que se investigue si hubo nombramientos ilegales y, además, si se cometieron delitos tales como incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el desempeño de cargos oficiales.
Entre los fundamentos de la resolución, Cavallo hizo hincapié en la falta de acreditación de títulos secundarios y universitarios, y la omisión de certificados del Registro Nacional de Reincidencia que demuestren la inexistencia de delitos dolosos por lo que los postulantes quedarían excluidos de la posibilidad de acceder al puesto.
"En varios de los expedientes -sostuvo- resultan sospechosas ciertas certificaciones de prácticas realizadas por postulantes en los registros seccionales y las actas de evaluación efectuadas todas en idénticos términos y sin mencionar siquiera sobre qué versaba el mencionado examen".
Por ese motivo, el magistrado consideró necesario el dictado de una medida cautelar "que impida totalmente la ejecución de la entrega y puesta en funcionamiento de los registros mencionados" en la denuncia de la Oficina Anticorrupción" de cualquier otro que se cree a partir de la fecha" de su resolución del viernes de la semana pasada.