Las múltiples realidades bonaerenses

Las políticas judiciales y penitenciarias de Buenos Aires buscan “complementación entre  el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y la necesidad de dar respuestas razonables y eficaces a las demandas ciudadanas”, afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Florencia Piermarini, jefa del Servicio Penitenciario provincial.

 

Junto a César Albarracín, subsecretario de Política Criminal bonaerense, realizaron una exposición ante el organismo internacional en donde resaltaron el valor de las casi 70 leyes que se pusieron en funcionamiento para garantizar ciertos derechos en los ámbitos de la Justicia Penal y carcelarios en la provincia.

 

Pero de la sola lectura del informe solo se puede extaer, como conclusión, un avance en esta materia. Sin embargo algunos precedentes judiciales y los datos recabados por organizaciones dedicadas a investigar la violencia institucional muestran datos bastante más desalentadores que los que ofrecieron los representantes del Estado bonaerense.

 

En defensa de las acciones del Gobierno de Daniel Scioli, los representantes ante la OEA pusieron de manifiesto que desde 2004 a esta parte se incorporaron 11.000 nuevas plazas penitenciarias, con 16 nuevas unidades carcelarias, siete alcaidías y 104 hogares del programa "Casas por cárceles", una iniciativa que se encuentra entre lo más destacado en materia penitenciaria.

 

Además afirmaron que el incremento de detenidos fue del 7% en los últimos diez años, mientras que en el balance de la década anterior había sido del 145%. La tasa existente de personas en esta condición en la actualidad es de 195 cada 100.000 bonaerenses. Y los presos sin condena se redujeron a la mitad: el 56% de los habitantes carcelarios no cuenta con una sentencia definitiva, y de ese porcentaje, el 45% (casi 8.000 detenidos) ya tuvo su juicio y tienen, al menos, una condena de primera instancia.

 

Estos datos, si bien parecen alentadores, no reflejan de plano los términos cualitativos de la vida carcelaria. En su informe del año 2013 sobre torturas y malos tratos en todo el país, los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) determinaron que la mayoría de los casos provino de la provincia, donde se contabilizaron 227 hechos de estas características.

 

Cipriano García, titular de la organización, señaló que "este panorama se agrava porque las medidas tomadas en materia de seguridad han propiciado el crecimiento de la población encerrada, la superpoblación y el hacinamiento que esto genera potencian las situaciones de violencias que se producen en cada lugar".

 

Otra situación que va en contra de las cifras alentadoras es la declaración de Emergencia en materia de Seguridad. Con el decreto administrativo que se manifestaba en ese sentido, el gobernador Daniel Scioli habilitó la reapertura de los destacamentos que habían sido clausurados por no cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad para los detenidos.

 

Esto motivó que el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, emitiera un fallo en contra de la resolución del Gobierno bonaerense. Allí, el magistrado señaló todos los tratados internacionales que fueron violados cuando se reactivaron estos centros de detención.

 

Arias precisó que "la resolución impugnada en autos importaría una reglamentación regresiva respecto del programa de cierre progresivo de los calabozos de las comisarías dispuestos por las resoluciones ministeriales preexistentes, y que deriva de la omisión de las autoridades provinciales en dotar de una infraestructura adecuada a las dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, de conformidad con el incremento progresivo de detenidos que experimenta la Provincia en los últimos años, y que se agravó con la declaración de la emergencia en materia de seguridad".