La Comisión comenzó a trabajar en el caso después de que el juez en lo Penal Económico Jorge Brugo le pidiera intervención para que se investigara la actuación de los oficiales subinspectores Jorge Grillo, Javier Calvo y Rodrigo Alé y del subcomisario Alejandro Ortega, “ante las groseras e inexplicables irregularidades detectadas durante el curso de la instrucción de la causa”.
Los cuatro policías serán acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, falso testimonio reiterado y agravado, falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El 21 de junio del año pasado una brigada policial de la División Delitos Federales –que integraban los cuatro policías acusados- interceptaron y detuvieron a las cuatro personas en un hotel céntrico bajo el cargo de contrabando de esmeraldas. Se requisaron sus pertenencias y se los desnudó en procura de más piedras, mientras que todo el procedimiento era cubierto por los medios masivos de comunicación sin autorización del juez Brugo.
Al avanzar con la investigación, el magistrado comenzó a sospechar y terminó verificando que todo el procedimiento, que incluyó privaciones a la libertad de cuatro personas, y dispendio de recursos económicos y humanos había sido en vano, ya que el “kilo de esmeraldas” que según un testigo buscaba el subcomisario Ortega tenía un valor simbólico de diez pesos. No se trataba de esmeraldas, ni mucho menos. Eran piedras que sólo servían para fabricar productos artesanales.
Entre las irregularidades que advirtió Brugo, hay una que es por demás significativa: él mismo fue anoticiado por Ortega del procedimiento policial, quien no aparece como interventor en el sumario, a pesar del protagonismo que habría tenido según la declaración de los testigos en la causa.
Además, según otros testigos, el mismo Ortega entró al hotel adonde se detuvo a tres de los damnificados diciendo ya en ese momento que “estaba buscando” un kilo de piedras. También se pudo acreditar que al menos uno de los policías interrogó a los detenidos, violando garantías procesales.
Según las conclusiones del juez en el fallo del pasado 7 de diciembre –cuando dictó la falta de mérito de las cuatro personas que habían sido acusadas de contrabando-, la policía obró “en base a información previa, que no se volcó en el sumario, y que ante la creencia de haber encontrado el contrabando del siglo, se dio intervención a movileros y se llamó a medios televisivos para que la cubrieran”.
Pero quizás lo más importante de la investigación, según el trabajo de la Comisión que encabeza Rusconi, es que situaciones muy similares se repiten al menos desde 1995 pese a las denuncias y a la repercusión periodística que viene teniendo el tema.
La Comisión, a través de la investigación que tenga que hacer el juez federal que resulte sorteado pretende que quede al descubierto el modus operandi policial. Todos estos procedimientos comienzan con un gran hallazgo de sustancias o materiales prohibidos o sospechosos, y al poco tiempo se descubre que son totalmente inocuos.
Otro de los síntomas de estos operativos fraguados es la presencia casi inmediata de los medios de prensa, que posibilita el logro de menciones en las fojas de servicios, ascensos y asignación de presupuestos más holgados. Además, tal como adelantó Diariojudicial.com, en este caso concreto, el juez Brugo sospecha que la policía le inventó este procedimiento que resultó ficticio para distraerlo de otra causa, en la que investigaba un contrabando de contenedores con mercadería textil a través de una triangulación entre China, Uruguay y Argentina.
Además, otro de los signos que se desprenden de casi 50 casos analizados por la comisión investigadora de procedimientos penales fraguados es que las víctimas suelen ser ciudadanos en una humilde situación económico social, casi siempre desesperados por estar sin trabajo o víctimas de alguna adicción. Civiles en connivencia con la policía les ofrecen realizar alguna “changa”, los dejan esperando, y luego aparecen los policías plantando el cuerpo del delito y comenzando el procedimiento.
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