Se trata de la red de trabajo que nuclea a los directores de las Oficinas Judiciales, el órgano administrativo de gestión de los sistemas acusatorios instalados en las provincias que modificaron sus Códigos Procesales. "Es fundamental comprender que la sociedad necesita mayor eficiencia y transparencia en la respuesta judicial", señala un comunicado.
La Red Argentina de Oficinas Judiciales (RAOJUD), una red de trabajo "que nuclea a Directores e integrantes de Oficinas Judiciales de todo el país con distintos grados de responsabilidad en la gestión administrativa de los tribunales en los nuevos sistemas de justicia penal", emitó un comunicado manifestando su apoyo al intento de modificación del Código Procesal Penal de la Nación.
En el comunicado, en el cual la Red hace su presentación, se explica el funcionamiento de estas nuevas dependencias, que de aprobarse el proyecto, también comenzarán a funcionar a nivel federal.
"Las Oficinas Judiciales sirven para resolver de modo eficiente las cuestiones administrativas que todo sistema basado en audiencias orales, públicas y contradictorias presenta, desde la agenda de la audiencia y la comunicación a las partes, hasta el seguimiento de las decisiones jurisdiccionales", señala el texto, que también explica que "los sistemas reformados han incorporado la realización de audiencias orales y públicas como mecanismo central para que un juez pueda tomar cualquier tipo de decisión que le sea requerida con respecto al conflicto jurídico que le es sometido a conocimiento".
"Es por ello que las oficinas judiciales concentran la recepción, conocimiento y gestión administrativa sobre la totalidad de pedidos de decisión que se hacen a los jueces en el marco de un proceso judicial. Se evita así la fragmentación burocrática en múltiples juzgados y se logra un uso más eficiente de los recursos y criterios uniformes de trabajo", aclara a continuación.
En esa misma senda, la RAOJUD detalla que los nuevos sistemas, de corte acusatorio, "se basan en la interacción compleja y continua de las distintas instituciones del sistema judicial (jueces, fiscales, defensores, etc.), con una dinámica nueva, inherentemente vertiginosa por lo que es indispensable una coordinación centralizada que lo permita". Por ello, "esta especialización del trabajo administrativo permite que el juez pueda concentrarse en la toma de decisiones sin tener que preocuparse por las cuestiones de logística o administración que ello implica, al mismo tiempo que maximiza el aprovechamiento del tiempo de todos los actores que intervienen en el proceso (Fiscales, Defensores Públicos, Particulares, Peritos, Testigos, etc.). De este modo el sistema judicial produce una mayor cantidad de decisiones y con estándares más altos de transparencia".
La dependencia orgánica (esto es, a que ente estatal responden) varía en cada provincia. "Es importante destacar que no existen reglas universales. La ubicación institucional varía tanto en el ámbito comparado como en el Nacional. En nuestro país dependemos de los Tribunales Superiores de Justicia, de los Colegios de Jueces, o los Consejos de la Magistratura que tienen a su cargo la función de administración de los Poderes Judiciales", detalla el texto, firmado por funcionarios judiciales de provincias como Beuqén, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Cuidad de Buenos Aires, Formosa, La Pampa y Chubut.
Según ellos, "el objetivo es profesionalizar la gestión de los tribunales, por lo que más allá de relación que deben mantener las oficinas judiciales con los jueces para coordinar políticas adecuadas, las funciones deben estar claramente delimitadas para que ningún rol interfiera en el otro y lograr que el servicio de justicia pueda realizarse de modo eficaz y transparente".
El mensaje de la Red "en ocasión del proyecto enviado al Congreso de la Nación", consiste en saludar la iniciativa "de encarar una reforma al sistema procesal penal federal, ya que en la coyuntura histórica que vivimos, con prácticamente todas las provincias argentinas adoptando y profundizando cada vez más modelos procesales por audiencias, la justicia federal no puede quedar aislada de los desafíos de la época".
Los funcionarios de las Oficinas Judiciales que firmaron el comunicado consideran fundamental "comprender que la sociedad necesita mayor eficiencia y transparencia en la respuesta judicial y que para ello los jueces deben trabajar de modo concentrado en su labor estrictamente jurisdiccional, apoyados para tal fin en profesionales de la gestión y con nuevas estructuras especializadas que posibiliten procesos más ágiles y un mejor aprovechamiento del tiempo y los recursos del sistema"
Sin embargo, desde el sector también remarcan que "una reforma judicial integral no consiste en pasar de un sistema inquisitivo o mixto a uno acusatorio sino en el cambio sustancial de la forma en la que trabaja el sistema judicial". Por lo que, para llegar a ese objetivo "es indispensable discutir el modelo de organización a
adoptarse, integrando al debate la importancia de contar con esquemas como las oficinas judiciales que permiten especializar la gestión administrativa y dividen aguas en cuanto a las labores que a cada actor del sistema competen
El proyecto del Código Procesal Penal crea la oficina judicial, detallando en su artículo 57 que "los jueces serán asistidos por una oficina judicial cuya composición y funcionamiento defina la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Federal y Nacional. A su director o jefe le corresponderá como función propia, sin perjuicio de las facultades e intervenciones de los jueces previstas por este Código, organizar las audiencias, organizar todas las cuestiones administrativas relativas a los jurados, dictar los decretos de mero trámite, ordenar las comunicaciones, disponer la custodia de objetos secuestrados en los casos que corresponda, llevar al día los registros y estadísticas, dirigir al personal auxiliar, informar a las partes y colaborar en todos los trabajos materiales que los jueces le requieran".
Para ese fin, la dependencia "deberá confeccionar una carpeta judicial donde asentará la actividad que realice para cada uno de los casos, bajo el principio de desformalización".
Los integrantes concluyeron celebrando el envío, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, "de un proyecto de Código Procesal Penal de la Nación que contempla en su diseño una oficina de gestión que sin dudas contribuirá a agilizar de un modo nunca visto los procesos judiciales, a garantizar la independencia de los jueces de las estructuras burocráticas y la transparencia indispensable para la toma de decisiones en un sistema de gobierno Republicano y Democrático".