Cuando los jueces vienen marchando

La muerte del fiscal Alberto Nisman y la serie de suspicacias que se despertaron en torno al hecho provocaron que, discursos políticos y mediáticos mediante, se generara una brecha importante entre un sector de la Justicia y el Gobierno nacional. Todo esto en un año de elecciones que resultarán claves para saber si el oficialismo mantendrá cierta hegemonía política o emprenderá una lenta retirada.

 

La marcha llevada a cabo este miércoles reunió gente de diferentes sectores: fiscales y jueces marcharon, integrantes de partidos y organizaciones políticas y ciudadanos que por una u otra razón se sintieron identificados con la convocatoria.

 

La movilización del #18F tuvo precedentes inmediatos que marcaron un camino donde las diferencias entre la concepción de la Justicia del oficialismo y de la oposición y los sectores contrarios al Gobierno dentro del Poder Judicial fue creciendo de forma, quizás, irreversible.

 

A comienzos de 2013, cuando se anunció el envío de una serie de proyectos que pretendían reformar a la administración de Justicia, en el marco de lo que se llamó “democratización de la Justicia”, los problemas comenzaron a hacerse muy notorios. La oposición política y algunos funcionarios judiciales consideraron esto un ataque.

 

El grupo Justicia Legítima dio sus primeros pasos y comenzó a adquirir notoriedad al respaldar estas iniciativas que preveían, entre otras cosas, la creación de nuevas instancias casatorias y reformas en torno a la aplicación de medidas cautelares contra el Estado, un punto que muchos coinciden en señalar como el que impulsó verdaderamente estos proyectos.

 

Fue precisamente este espacio el primero en movilizarse, cuando en junio de 2013 convocó a sus integrantes a los que, además, se acoplaron organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, e HIJOS.

 

Los miembros de la oposición política ya se habían manifestado, también frente al Palacio de Tribunales, en contra de esta serie de proyectos. Fue una marcha con menos gente. Pero en una nueva convocatoria, el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, decidió manifestarse también en contra de estas medidas propuestas desde el Poder Ejecutivo.

 

En esa ocasión, Piumato precisó a Diario Judicial que las propuestas constituían un “avance sobre el Poder Judicial, no para mejorar la Justicia como se dice, sino para avasallar al Poder Judicial, para controlarlo y garantizar la impunidad de los corruptos”.

 

De forma previa, Piumato también se había movilizado contra la sede de la Procuración General de la Nación por un conflicto con los funcionarios judiciales en general y con Alejandra Gils Carbó, la titular, en particular: el pago de impuesto a las ganancias. 

 

"Desde nuestra organización entendemos que no se mejora el país empeorando la situación de los trabajadores. La lógica no debe ser la de igualar para abajo, y este impuesto no es más que una baja encubierta de nuestros salarios", señalaron desde la UEJN entonces al entender que pagar este impuesto podía afectar el salario de varios compañeros de su organización.

 

Pero hubo un punto en el que los cruces entre oposición, Justicia y oficialismo recrudecieron, y fue cuando, a raíz de una intervención en el caso que investiga posibles hechos de corrupción en los que estaría involucrado Lázaro Báez, el fiscal José María Campagnoli fue llevado a juicio político.

 

Nuevamente, en junio del año pasado, los funcionarios judiciales, de la mano de políticos del arco opositor, salieron a manifestarse a las calles. ¿La sede? Otra vez la Procuración General, desde donde habían surgido las críticas y pedidos de remoción a Campagnoli, quien finalmente fue restituido en su cargo.

 

Hasta hace unos años, los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público no acostumbraban a manifestarse en la calle. Sin embargo, esto cambió.