Después de una serie de actividades en la Costa Atlántica a propósito del verano, el Poder Legislativo bonaerense vuelve al ruedo con la creación de una Comisión Bicameral para designar al futuro Defensor del Pueblo provincial, aunque el actual, Carlos Bonicatto, podría ser reelegido por única vez; y al mismo tiempo, en una sesión extraordinaria, se aprobó la prórroga para evitar las ejecuciones de bienes muebles e inmuebles de entidades sin fines de lucro.
El mandato de Bonicatto está por concluir y durante las últimas semanas surgieron algunas incertidumbres acerca de quién sería su sucesor. Lo cierto es que, sin propuestas concretas, los legisladores decidieron avanzar en este sentido y ya están los nombres de quienes formarán parte de este órgano parlamentario.
Será presidida por Graciela Rego, del Frente para la Victoria, y la acompañarán sus compañeros de bancada Fernando “Chino” Navarro, Graciela Rolandi y Cesar Valicenti, Emilio López Muntaner, Cecilia Comerio y Santiago Carreras; por el Frente Renovador, irán Patricia Segovia, José Luis Pallares y Diana Larraburu y Ricardo Jano; por la UCR, Carlos Fernández y Liliana Denot; y por el FAP, Abel Buil.
Uno de los nombres que trascendió fue el de Fernanda Raverta, quien iba a integrar la Comisión Bicameral, pero a raíz de su posible candidatura fue eliminada de la lista, ya que, de forma lógica, no podía pasar por el participar de ambas instancias.
En relación al proyecto de ley que prevé una prórroga para las ejecuciones de bienes muebles e inmuebles de entidades sin fines de lucro, la diputada Rocío Giaccone, impulsora de la iniciativa, explicó que hay que proteger el patrimonio de estos espacios respetando su “orientación originaria”.
En su proyecto, la diputada señaló que “las asociaciones civiles sin fines de lucro son aquellas entidades que en sus estatutos establecen que no podrán distribuirse las utilidades entre los socios, sino que deberán utilizarse para el cumplimiento de los fines propuestos en los estatutos, la denominación “civiles” indica que no ejercen actividades comerciales ni industriales”.
“Por otra parte, para no colisionar con normas de orden público, quedan excluidos de la suspensión prevista los créditos que se originen por juicios laborales, por despido directo de los empleadores sin justa causa y aquellos derivados de acciones por relaciones laborales no registradas”, indicó la integrante de la Cámara Baja.
Giaccone destacó que “los clubes de barrio, en su gran mayoría, están conformados por vecinos que destinan todo su esfuerzo y trabajo en impulsar la práctica de deportes amateurs. Asimismo, se llevan adelante actividades sociales, solidarias, integradoras de los jóvenes y de las familias, como así también educativas, tales como la creación y funcionamiento de bibliotecas y otras actividades culturales de gran valor para la sociedad en la cual se desarrollan”.
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